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El titular de CHICO recordó que el gobierno había iniciado su gestión con una asignación destacable de 18 mil millones de lempiras destinados a préstamos para vivienda, y que el acuerdo programado contemplaba la construcción de unas 80 mil viviendas en cuatro años. En 2022 se esperaba llegar a las 30 mil, cifra que no se alcanzó debido a los recortes presupuestarios.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezó en Danlí, El Paraíso, la entrega de 21 mil bonos tecnológicos productivos como parte de un total de 72 mil que serán distribuidos en todo el departamento, con una inversión total de 180 millones de lempiras. Esta acción forma parte del respaldo gubernamental al ciclo agrícola de primera, que está por comenzar.

La advertencia presidencial fue calificada por diversos sectores como una “amenaza innecesaria”, ya que el propio ministro Pineda había informado con antelación incluso por vía telefónica a la mandataria que los trabajos darían inicio el próximo 1 de julio, fecha ya establecida en el cronograma oficial del proyecto.

La directriz presidencial se dio en respuesta a la reciente filtración de un audio donde se escucha una conversación entre la diputada del partido Libre, Isis Cuéllar, y el ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, sobre la presunta entrega de kits financiados con fondos estatales, lo cual ha desatado cuestionamientos sobre el uso partidario de recursos públicos.

El ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, anunció que ha puesto su cargo a disposición de la presidenta Xiomara Castro, luego de que se hiciera pública una conversación privada que lo involucra en la supuesta asignación de ayudas sociales con fines políticos en el departamento de Copán.

En un oficio reciente, Ochoa propone eliminar la práctica de una segunda transcripción manual de los resultados, argumentando que esta práctica no está contemplada en la Ley Electoral y podría vulnerar la legalidad del proceso de transmisión de resultados.

Esta situación representa un desafío para el Estado y la comunidad internacional, que deben coordinar esfuerzos para mejorar la protección y asistencia a los desplazados. Sin embargo, la disminución de fondos y las limitaciones en la gestión de asilo complican la respuesta a esta emergencia.

La denuncia subraya que, de confirmarse esta información, se trataría de una grave violación a los principios de legalidad, transparencia y equidad en el uso de los recursos del Estado. El Partido Nacional rechaza que el dinero público, que pertenece a toda la ciudadanía hondureña, sea empleado como instrumento de clientelismo político.

La inversión total del proyecto asciende a 58 millones de lempiras, e incluyó la construcción de dos nuevos circuitos de distribución de 8 kilómetros cada uno, adecuaciones en la subestación existente, y la instalación de una subestación móvil de alta capacidad.