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El convenio, firmado por el alcalde Juan Diego Zelaya y el representante de AJJAASFRAM, Richard Salinas, tiene como propósito optimizar la gestión del recurso hídrico mediante capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en la planificación de proyectos.

Según lo informado por el área de comunicaciones del Ejecutivo, cada institución será responsable de determinar qué personal puede desempeñar sus funciones bajo esta modalidad, priorizando a quienes no realizan labores esenciales.

La actividad benefició a unas 400 personas, quienes accedieron a servicios de medicina general, pediatría, vacunación y odontología, además de la entrega de medicamentos sin costo, gracias al trabajo coordinado de equipos de salud y personal de apoyo.

El proyecto fue inaugurado por autoridades del Congreso Nacional, apenas semanas después de que se aprobaran los recursos para su ejecución, lo que ha sido destacado como un proceso ágil en respuesta a una necesidad urgente del sistema de salud.

En sus declaraciones, también hizo referencia a episodios recientes en los que, según indicó, se habrían generado tensiones en el sistema electoral, subrayando que la ciudadanía no olvida situaciones que afectaron el funcionamiento de las instituciones.

De acuerdo con información preliminar, la funcionaria se encontraba fuera del país recibiendo atención médica especializada cuando ocurrió su deceso.

La intervención fue posible gracias a una iniciativa impulsada por una fundación dedicada a apoyar a personas con problemas auditivos, en coordinación con actores locales que facilitaron el acceso a este tipo de atención en comunidades con recursos limitados.

Según explicó el titular del Congreso, la intención no es impulsar acciones de carácter político o retaliatorio, sino establecer un precedente que fortalezca la institucionalidad y evite abusos en el ejercicio del poder.

Según el señalamiento, la supuesta estrategia buscaría evitar sanciones judiciales para algunos de los implicados, lo que ha generado críticas desde distintos sectores que consideran que cualquier proceso debe resolverse en los tribunales y no en acuerdos políticos.