Congreso condiciona juicio político a mayoría de votos
Según explicó el titular del Congreso, la intención no es impulsar acciones de carácter político o retaliatorio, sino establecer un precedente que fortalezca la institucionalidad y evite abusos en el ejercicio del poder.
23 de marzo de 2026
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró que la aplicación de un juicio político en Honduras dependerá estrictamente de alcanzar los 86 votos requeridos dentro del pleno legislativo, en medio de un clima político marcado por tensiones y debates sobre la rendición de cuentas de funcionarios públicos.
La declaración se dio previo a una sesión ordinaria convocada en el Legislativo, donde se prevé discutir la posible activación de este mecanismo constitucional. Según explicó el titular del Congreso, la intención no es impulsar acciones de carácter político o retaliatorio, sino establecer un precedente que fortalezca la institucionalidad y evite abusos en el ejercicio del poder.
Zambrano enfatizó que, de lograrse la cantidad necesaria de votos, el proceso sería prácticamente inevitable, ya que se trata de una herramienta contemplada en la ley para investigar y sancionar a altos funcionarios que hayan incurrido en irregularidades o atentado contra el orden democr ático.
En ese sentido, subrayó que el objetivo es garantizar que ningún servidor público quede exento de responsabilidad, especialmente en casos donde se señalen acciones que hayan comprometido procesos institucionales, como los electorales.
Además, insistió en que el procedimiento debe ejecutarse conforme a la Constitución y bajo criterios legales claros.
El juicio político, contemplado en el marco jurídico hondureño, requiere el respaldo calificado del Congreso para su aprobación, lo que implica la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el hemiciclo.
El tema ha cobrado relevancia en los últimos días debido a los señalamientos sobre posibles responsabilidades de funcionarios en decisiones que habrían generado controversia a nivel nacional. Esto ha intensificado el debate político, con posturas encontradas entre quienes respaldan la medida como un acto de justicia y quienes advierten sobre el riesgo de politización.
A medida que se acerca la discusión en el Congreso, el escenario continúa evolucionando, mientras diversos sectores observan con atención el desenlace de un proceso que podría marcar un precedente en la vida institucional del país.
