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De acuerdo con lo informado, el joven hondureño busca replicar los conocimientos adquiridos durante su experiencia internacional mediante la organización de charlas, talleres prácticos y actividades educativas dirigidas a centros escolares y comunidades interesadas en el área científica.

Autoridades del Poder Judicial han señalado que el anteproyecto se encuentra en etapa de análisis legislativo, por lo que esperan que el proceso avance con mayor celeridad en el Congreso para concretar la creación del órgano encargado de la administración judicial.

De acuerdo con la entidad supervisora, esta normativa permitirá identificar a las personas naturales que realmente controlan o se benefician de sociedades mercantiles, lo que fortalecerá la prevención de delitos.

Según la Coalición Patriótica, la modernización del sistema eléctrico debe realizarse sin comprometer la propiedad estatal de la ENEE, considerada una institución estratégica para la seguridad energética del país.

En ese marco, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador japonés en Honduras, Nakai Kazuhiro, donde se abordó una agenda amplia centrada en oportunidades económicas, intercambio cultural y proyectos de impacto social.

Según la funcionaria, el proceso busca fortalecer la institucionalidad del sistema eléctrico, mejorar su funcionamiento y garantizar la estabilidad del servicio, sin implicar la venta de activos estatales.

La tendencia refleja un fenómeno que también se observa en otros países de la región, donde la carga de los trastornos mentales ha ido en aumento de forma sostenida en las últimas décadas.

El informe también detalla que se solicitó información al Instituto Nacional de Migración (INM) para contrastar los listados oficiales con los beneficiarios reales del programa, detectándose inconsistencias entre los registros y las personas que efectivamente habrían recibido el beneficio.

El congresista subrayó que la transparencia es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos, especialmente cuando se trata del uso de recursos vinculados a campañas electorales.