Identifican uso político de fondos del bono a migrantes
El informe también detalla que se solicitó información al Instituto Nacional de Migración (INM) para contrastar los listados oficiales con los beneficiarios reales del programa, detectándose inconsistencias entre los registros y las personas que efectivamente habrían recibido el beneficio.
16 de junio de 2026
La administración de programas sociales destinados a migrantes retornados en Honduras ha sido objeto de observación por parte de organismos de control y seguimiento, debido a señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación y ejecución de los recursos.
En este caso, las investigaciones apuntan al manejo de fondos públicos que originalmente estaban dirigidos a apoyar a hondureños en condición de retorno, en el marco de programas de asistencia social implementados en años recientes.
La Comisión Liquidadora informó que ha identificado el uso de aproximadamente 38 millones de lempiras vinculados al programa de bono para migrantes retornados, los cuales habrían sido destinados a actividades de carácter político, según las primeras conclusiones de sus revisiones administrativas.
El programa, creado originalmente para brindar apoyo económico y alimentario a hondureños que retornan al país, contemplaba transferencias directas de asistencia social. Sin embargo, las autoridades de la Comisión Liquidadora sostienen que parte de los beneficiarios registrados no cumplían con la condición de migrantes retornados, lo que ha levantado dudas sobre los criterios de selección y la trazabilidad de los fondos.
El informe también detalla que se solicitó información al Instituto Nacional de Migración (INM) para contrastar los listados oficiales con los beneficiarios reales del programa, detectándose inconsistencias entre los registros y las personas que efectivamente habrían recibido el beneficio.
A partir de estas verificaciones, los investigadores sostienen que existe la necesidad de esclarecer el destino final del dinero, así como las responsabilidades administrativas o políticas que puedan derivarse del uso de estos recursos.
Por su parte, sectores vinculados a la gestión anterior del programa han rechazado las acusaciones, alegando que los señalamientos responden a interpretaciones políticas y que la ejecución de los fondos se realizó conforme a los procedimientos establecidos en su momento.
Las autoridades de control y organizaciones civiles continúan con el análisis del caso, mientras se espera que en las próximas semanas se amplíe la documentación para determinar si existen responsabilidades legales en el manejo de estos fondos públicos.
