El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reafirmó que la determinación de iniciar un juicio político contra cualquier alto funcionario del gobierno anterior recae exclusivamente en el pleno del Parlamento, que requiere al menos 86 votos para proceder.

Durante su intervención en el programa Foro El Personaje de CHTV, Zambrano aclaró que no existe ningún pacto o acuerdo con el Fiscal General para bloquear estos procesos. “El Ministerio Público en el pasado buscó emitir requerimientos fiscales que, en varios casos, se percibieron como persecución política hacia diputados y funcionarios nacionalistas durante la administración de Libre”, señaló.

El legislador enfatizó que la función del Congreso en estos casos es actuar con independencia, siguiendo la ley y respetando la voluntad de la mayoría parlamentaria. Según Zambrano, cualquier juicio político debe sustentarse en pruebas y procedimientos legales, sin influencias externas ni presiones políticas.

Zambrano también subrayó la importancia de mantener la transparencia en estos procesos, recordando que el juicio político es una herramienta prevista por la Constitución para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos que actúan fuera del marco legal o por motivaciones políticas. “Nuestro compromiso es proteger la institucionalidad y evitar que estas acciones se conviertan en instrumentos de persecución política”, afirmó.

El presidente del Congreso recordó además que el pleno legislativo ha sido históricamente el único órgano con la autoridad de aprobar o rechazar los juicios políticos, y que este proceso requiere de un consenso amplio entre los diputados, lo que asegura que ninguna decisión se tome de manera unilateral.

Analistas políticos coinciden en que la postura de Zambrano busca transmitir estabilidad institucional y despejar dudas sobre posibles presiones de otras ramas del Estado. La claridad de su mensaje se produce en un contexto de creciente debate público sobre la responsabilidad de funcionarios de administraciones pasadas y el rol de los mecanismos legales para investigarlos.

Con estas declaraciones, Zambrano reafirma la autonomía del Congreso en los procesos de fiscalización y establece que cualquier decisión sobre juicios políticos deberá reflejar la voluntad del pleno y no negociaciones detrás de puertas cerradas.