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El Congreso costarricense aprobó por unanimidad una reforma legal que elimina las sanciones penales contra periodistas y editores por delitos de calumnia, injuria o publicaciones consideradas subversivas, marcando un cambio notable en la regulación de la libertad de prensa en el país.

La modificación implica la derogación de los artículos 7 y 8 de la centenaria Ley de Imprenta, que establecían penas de hasta 120 días de prisión para comunicadores y responsables de medios por supuestas injurias o acusaciones falsas difundidas a través de la prensa. También abarcaba castigos similares para publicaciones que fueran consideradas como intentos de “subvertir el orden” o de afectar relaciones amistosas con otros estados.

La iniciativa, impulsada bajo el expediente 24.185 por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, fue promovida como una “Ley para la libertad del ejercicio periodístico” con la finalidad de garantizar un entorno más abierto para el periodismo y asegurar que los conflictos derivados del ejercicio informativo se tramiten en el ámbito civil y no en el penal.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del derecho a la información, como el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), saludaron la decisión como un paso clave para alinear la normativa costarricense con los estándares internacionales de derechos humanos. Según Iplex, la eliminación de estas penas representa un avance significativo para que el debate público y las denuncias periodísticas se confronten con argumentos en tribunales civiles en lugar de castigos criminales que podrían inhibir la labor informativa.

Actualmente, la reforma sigue el procedimiento para su firma por parte del presidente de la República, tras lo cual entrará formalmente en vigor y reemplazará el marco anterior, considerado por muchos especialistas como obsoleto y restrictivo frente a las prácticas periodísticas contemporáneas.

Este ajuste legal surge en un contexto en el que Costa Rica ha sido tradicionalmente vista como uno de los países de América Latina con altos niveles de libertad de expresión, aunque expertos han señalado que en años recientes han surgido preocupaciones sobre prácticas que pueden limitar o intimidar a periodistas críticos, incluso fuera del marco penal.

La eliminación de las penas de cárcel por calumnias e injurias es vista por sus impulsores como un reforzamiento del derecho a informar y opinar sin el temor de enfrentar sanciones privativas de libertad, y se espera que fomente un entorno periodístico más libre y plural, en plena sintonía con las garantías democráticas establecidas por la Constitución costarricense.