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Representantes del sector transporte en Honduras solicitaron a las autoridades una revisión de las tarifas del transporte público, argumentando que los recientes incrementos en el precio de los combustibles, especialmente el diésel, han incrementado significativamente los costos de operación del rubro. Dirigentes del sector aseguran que la situación económica se ha vuelto cada vez más complicada para mantener el servicio sin un ajuste en las tarifas.

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, explicó que el aumento constante del diésel combustible utilizado por la mayoría de buses urbanos, interurbanos y transporte de carga ha golpeado con fuerza al sector. Según señaló, durante los últimos años los transportistas han absorbido parte de estos incrementos, pero actualmente consideran que la situación es insostenible sin una revisión del costo del pasaje.

Aunque el Gobierno ha mantenido medidas de alivio, como subsidios que cubren parcialmente los incrementos en algunos carburantes, los transportistas consideran que estas acciones no compensan totalmente el impacto de los aumentos acumulados. Incluso se ha advertido que el diésel podría experimentar nuevos incrementos en el corto plazo, lo que agravaría la presión financiera sobre las empresas de transporte.

Ante este panorama, el sector ya presentó una solicitud formal al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para que se analice la estructura tarifaria vigente. Los transportistas sostienen que, de acuerdo con la normativa, las tarifas deben revisarse periódicamente para reflejar los cambios en los costos operativos, entre ellos el combustible, repuestos y mantenimiento de las unidades.

Analistas económicos advierten que el aumento en los combustibles suele generar un efecto en cadena dentro de la economía. El encarecimiento del transporte repercute en el traslado de mercancías y productos, lo que finalmente impacta en el precio de bienes y servicios que llegan al consumidor final.

En ese contexto, el debate sobre las tarifas del transporte vuelve a colocarse en la agenda pública. Mientras los transportistas sostienen que un ajuste es necesario para mantener la operatividad del servicio, diversos sectores sociales piden que cualquier decisión tome en cuenta el impacto que un incremento del pasaje tendría en la economía de los usuarios.