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El estado de Florida aprobó una nueva legislación electoral que obligará a los votantes a demostrar documentalmente su ciudadanía estadounidense para poder participar en elecciones a partir del año 2027. La iniciativa fue aprobada por mayoría en el Legislativo estatal, controlado por el Partido Republicano, y ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.

La medida establece que quienes deseen registrarse o votar deberán presentar documentos que acrediten su ciudadanía, como un pasaporte, un certificado de nacimiento o una identificación oficial que indique su estatus legal. Además, la normativa contempla cambios en las reglas de identificación electoral y la eliminación de algunas credenciales que anteriormente eran aceptadas en los centros de votación, como ciertos carnés estudiantiles.

De acuerdo con el proyecto aprobado —identificado como HB 991— la nueva regulación no entrará en vigor inmediatamente. Las autoridades estatales indicaron que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, por lo que no afectará las elecciones previstas en 2026.

Los legisladores republicanos que impulsaron la iniciativa sostienen que el objetivo es fortalecer la seguridad del sistema electoral y evitar que personas sin ciudadanía estadounidense participen en los comicios. Según sus defensores, el requisito de documentación ayudaría a reforzar la confianza pública en los procesos democráticos.

Sin embargo, el proyecto ha generado críticas entre legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles, que advierten que la normativa podría dificultar el acceso al voto para algunos ciudadanos que no poseen fácilmente documentos oficiales que acrediten su nacionalidad. Investigaciones citadas por organizaciones civiles indican que una parte de la población estadounidense en edad de votar no tiene a mano este tipo de documentos, lo que podría convertirse en una barrera para participar en elecciones.

La legislación se inspira en propuestas federales impulsadas por sectores republicanos para exigir pruebas de ciudadanía en todo el país. Mientras tanto, expertos anticipan que la norma podría enfrentar desafíos judiciales una vez sea firmada, lo que abriría un nuevo debate en Estados Unidos sobre el equilibrio entre seguridad electoral y acceso al voto.