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Transportistas piden pausa tras escalada en tarifas del peaje en la CA-5

10 de enero de 2026

Representantes del sector transporte hicieron un llamado este viernes para que la concesionaria COVI Honduras y las autoridades del sector vial concedan un “compás de espera” respecto al reciente aumento de las tarifas de peaje en la carretera CA-5 Norte, medida que entrará en vigor el 15 de enero de 2026 y que ha generado preocupación en el gremio.

 

La petición fue formulada por Wilmer Cálix, dirigente del transporte, quien calificó el ajuste como un golpe significativo a los conductores y operadores de carga, especialmente en un momento en que aún no asume formalmente el nuevo gobierno.

Cálix defendió que se permita primero la entrada de la nueva administración para que se evalúe con calma un plan que evite afectar en exceso los costos operativos del sector y, por ende, el bolsillo de los hondureños.

 

Según ha trascendido, las tarifas del peaje en la CA-5, principal arteria que conecta la capital con el norte del país, sufrirán incrementos de hasta casi 33 % para algunas categorías de vehículos. Por ejemplo, los automóviles livianos pasarían de pagar 22 a 31 lempiras, mientras que camiones de mayor tamaño verían ajustes mucho más elevados, conforme a lo establecido en el contrato de concesión vigente.

 

Cálix señaló que un alza de este tipo puede repercutir no solo en el transporte de personas, sino en la cadena logística de productos agrícolas y mercancías que circulan entre el norte, la costa y la capital, con el riesgo de encarecer bienes básicos si no se evalúan mecanismos de compensación.

 

El líder del gremio también mencionó que aún no se han anunciado cambios en las tarifas de pasaje del transporte público urbano e interurbano, pero enfatizó que estas deberán revisarse en conjunto con posibles bonos compensatorios y subsidios, una vez que el nuevo gobierno inicie funciones.

 

El incremento en los cobros por peaje responde al vencimiento de un acuerdo entre COVI Honduras y el Ejecutivo anterior que había congelado los ajustes tarifarios estipulados en el contrato de concesión.

La discusión sobre la aplicación de este incremento ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo equilibrar el cumplimiento de compromisos contractuales con las capacidades económicas de los distintos sectores productivos y la ciudadanía.

 

Las voces del transporte han insistido en que una transición ordenada y consultas más amplias antes de aplicar cambios importantes como este pueden contribuir a mitigar el impacto social y económico del aumento de los peajes en un país donde el costo de transporte representa un componente clave del gasto diario de muchas familias.

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