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Suspenden a fiscal general y nombran interino

24 de marzo de 2026

El Congreso Nacional de Honduras aprobó la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, tras admitir una denuncia para juicio político en su contra, dando paso a una nueva etapa dentro del Ministerio Público con la designación interina de su adjunto, Marcio Cabañas.

 

Johel Zelaya asumió como fiscal general en 2023 y su gestión ha estado marcada por decisiones vinculadas a procesos judiciales y electorales en el país.

 

La decisión legislativa, respaldada por una amplia mayoría de diputados, activa formalmente el proceso que busca determinar posibles responsabilidades en el desempeño del funcionario.

Como parte de este procedimiento, Zelaya queda apartado temporalmente del cargo mientras avanza la investigación en el Congreso.

 

Tras la suspensión, Marcio Cabañas asumió de inmediato la titularidad del Ministerio Público de manera interina, asegurando que la institución continuará operando con normalidad.

El funcionario, con más de dos décadas de experiencia dentro del ente acusador, afirmó que su prioridad será garantizar la continuidad de las investigaciones y el respeto al debido proceso.

 

Cabañas también indicó que ya ha iniciado coordinaciones internas con equipos clave para evitar interrupciones en el trabajo fiscal, subrayando que la institución debe mantenerse activa pese al contexto político.

 

En esa línea, reiteró que el Ministerio Público tiene el compromiso de seguir atendiendo los casos en curso y responder a las demandas de la ciudadanía.

 

El proceso contra Zelaya se da en medio de un ambiente de tensión política, con posiciones encontradas entre distintos sectores. Mientras algunos consideran la medida como un ejercicio de control institucional, otros la interpretan como una acción influenciada por intereses políticos.

 

De acuerdo con el procedimiento, una comisión especial del Congreso será la encargada de analizar las pruebas y presentar un informe que definirá el rumbo del caso, incluyendo la posible continuidad o destitución definitiva del titular suspendido.

 

El juicio político es un mecanismo contemplado en el ordenamiento hondureño que permite al Congreso evaluar la actuación de altos funcionarios del Estado.

En este caso, la suspensión automática tras la admisión de la denuncia refleja el peso institucional del proceso, en un escenario donde el equilibrio entre poderes y la credibilidad de las instituciones continúa siendo objeto de debate en Honduras.

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