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La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en una reforma integral al sistema penal que contempla la aplicación de cadena perpetua, incluso para menores de edad en determinados delitos graves, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado.

La reforma penal forma parte de una política de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, centrada en el combate frontal a las estructuras criminales. Desde la implementación del régimen de excepción, más de 90 mil personas han sido detenidas, en una de las ofensivas más amplias contra pandillas en la región.

De acuerdo con la iniciativa impulsada por el oficialismo, el paquete de reformas busca armonizar la reciente modificación constitucional que habilita la prisión perpetua con leyes secundarias, incluyendo el Código Penal y la Ley Penal Juvenil. Con ello, adolescentes involucrados en delitos considerados de alta gravedad podrían enfrentar sanciones equivalentes a las de adultos.

La reforma surge tras la aprobación de cambios a la Constitución salvadoreña que permiten imponer cadena perpetua a responsables de homicidio, violación y terrorismo, eliminando la prohibición previa de este tipo de pena.

Autoridades han defendido la medida señalando que busca cerrar vacíos legales y endurecer las penas contra estructuras criminales, particularmente pandillas, que en muchos casos utilizan a menores para ejecutar delitos. En ese sentido, consideran que la equiparación de sanciones responde a la gravedad de los hechos cometidos.

Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación en sectores jurídicos y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones a principios internacionales en materia de justicia juvenil. Estas normas establecen que los menores deben ser juzgados bajo un régimen especial orientado a la rehabilitación y reinserción social, no a castigos equivalentes a los de adultos.

El debate también se intensifica en un contexto donde el país mantiene un régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual se han realizado miles de detenciones en el marco de la lucha contra las pandillas, lo que ha transformado profundamente el sistema de justicia salvadoreño.

La reciente habilitación de la cadena perpetua marca un giro significativo en el modelo penal salvadoreño, que históricamente había limitado las penas privativas de libertad. Ahora, con la inclusión de menores en este esquema, el país entra en un nuevo escenario legal que ha abierto un intenso debate entre seguridad y derechos humanos.