Solórzano cuestiona validez de convocatoria en el Congreso
8 de enero de 2026
En un momento de creciente tensión política en el país centroamericano, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, señaló con firmeza que la reciente convocatoria a la Comisión Permanente del Congreso Nacional carece de validez legal y no cumple con los requisitos formales exigidos por el marco jurídico nacional.
La convocatoria fue emitida por Luis Redondo, titular del Poder Legislativo, con el objetivo de que la comisión abordara temas relacionados con el proceso electoral que se vive en el país tras las elecciones generales de noviembre de 2025. Sin embargo, la cita no logró concretarse debido a la escasa asistencia de diputados y la ausencia de un quórum suficiente para instalar la sesión, lo que profundizó las dudas sobre su eficacia y legitimidad.
Solórzano, quien ha sido una voz activa en varios debates jurídicos y constitucionales recientes, expresó que la convocatoria no respeta las normas establecidas para este tipo de actos legislativos y que no puede generar efectos jurídicos válidos si no se ajusta a los procedimientos contemplados en la ley.
El rechazo a la convocatoria ha trascendido más allá de las declaraciones del CAH: diputados de oposición han catalogado la medida como ilegal o “pseudoconvocatoria”, argumentando que proviene de una comisión que, en su opinión, carece de facultades constitucionales para actuar fuera de los casos claramente establecidos en la Carta Magna.
En respuesta a la situación, algunos legisladores opositores protagonizaron una sesión alternativa fuera del Congreso celebrada en instalaciones religiosas tras no poder ingresar al edificio debido al resguardo policial y aprobaron un dictamen que declara sin efecto jurídico la resolución que daba vida a la Comisión Permanente. Según estos diputados, cualquier acto emanado de esa instancia sería nulo si no se ajusta a la normativa vigente.
Este debate se inscribe en un contexto de gran complejidad política, a pocas semanas de la proclamación oficial de los resultados electorales de noviembre pasado. La falta de acuerdos entre diferentes fuerzas políticas y los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso han generado una crisis institucional que mantiene en vilo a analistas, partidos y la ciudadanía.
Para Solórzano, insistir en la convocatoria sin atender las advertencias legales podría agravar la inestabilidad institucional, socavar la confianza en las instituciones democráticas y alimentar interpretaciones contradictorias sobre el papel que cada poder del Estado debe desempeñar en este periodo crucial de transición.
Las reacciones se han multiplicado en las últimas horas, incluyendo pronunciamientos públicos de diversos actores políticos, quienes advierten que persistir en acciones percibidas como irregulares podría tener consecuencias negativas para el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.
