
Se anuncia autoconvocatoria para revisar el estado de excepción

17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
La oposición hondureña anunció que volverá a reunirse en los próximos días para evaluar el estado de excepción que continúa vigente en el país, una medida decretada por el Poder Ejecutivo y extendida recientemente por 45 días más. El diputado liberal Marlon Lara informó que este análisis se realizará antes de las elecciones generales, previstas para el 30 de noviembre, debido a las implicaciones que la suspensión de garantías podría tener en el proceso democrático.
Lara explicó que los legisladores de las bancadas opositoras, quienes ya se han autoconvocado en dos ocasiones, consideran necesario revisar el alcance y la legalidad del estado de excepción, tomando en cuenta que fue emitido sin la aprobación del Congreso Nacional. “Vamos nuevamente a reunirnos para tomar decisiones en relación al estado de excepción que declaró el Ejecutivo sin la aprobación del Legislativo”, declaró.
El parlamentario subrayó que el país se encuentra a escasas semanas de la elección de presidente, diputados y autoridades municipales, y cuestionó que se mantenga la restricción de derechos fundamentales en un momento en que la ciudadanía debe participar con plena libertad. “Es inconcebible que estemos bajo un estado de excepción cuando el pueblo hondureño debe acudir a las urnas en paz y tranquilidad”, señaló.
Lara añadió que ya se han realizado encuentros preliminares entre diputados de distintas fuerzas opositoras y adelantó que la fecha y hora de la nueva autoconvocatoria se fijarán la próxima semana. En esta reunión se definirá la postura oficial del bloque respecto al decreto emitido por el Ejecutivo.
El estado de excepción, aprobado en Consejo de Ministros, seguirá aplicándose durante la jornada electoral, aunque autoridades gubernamentales aseguran que su alcance es parcial, afectando aproximadamente la mitad del territorio nacional.
La oposición insiste en que la continuidad de esta medida en pleno proceso electoral amerita un análisis profundo y una respuesta conjunta, en defensa dicen de la institucionalidad y las garantías ciudadanas.



