La Secretaría de Salud de Honduras anunció la cancelación del contrato laboral de la exministra Carla Paredes Reyes, quien fue removida de una plaza como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo, en el departamento de Valle, luego de no superar el periodo de prueba establecido en su nombramiento.

La decisión fue oficializada mediante el Acuerdo No. 728-2026, fechado el 20 de febrero de 2026 y notificado este fin de semana en el municipio de Gualala, Santa Bárbara, por personal de la Secretaría de Salud.

El documento detalla que se terminó la relación laboral en la vía administrativa, aunque se concede a Paredes un plazo de 15 días para impugnar la resolución ante los tribunales contencioso-administrativos si considera procedente hacerlo según la normativa vigente.

La exfuncionaria había sido nombrada en septiembre de 2025 como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo con un salario mensual superior a 105 000 lempiras, poco antes de presentar su renuncia como ministra a principios de este año. Sin embargo, fuentes oficiales y del centro asistencial indicaron que Paredes no se presentó a laborar ni figuró en el plan de guardias mensuales, lo que motivó cuestionamientos sobre el ejercicio del cargo y la legalidad de su designación.

La figura de Paredes, quien dirigió la cartera de Salud en el gobierno anterior, generó controversia entre sectores del gremio médico y observadores públicos desde su salida del Ministerio; su posterior inclusión en la nómina hospitalaria fue vista como un nombramiento inusual y provocó malestar dentro de la comunidad sanitaria, que exigió transparencia y respeto a los procesos establecidos para la asignación de plazas.

Durante la entrega de la notificación, la exministra firmó el documento que le fue presentado, pero expresó su desacuerdo con la resolución al dejar constancia de ello junto a su firma, según reportes. La cancelación del contrato en periodo de prueba deja sin efecto su incorporación al régimen de servicio civil bajo la figura de médico general de guardia.

El caso ha generado expectativas tanto en el ámbito político como en el sector salud, en medio de un contexto en el que los procesos administrativos y la transparencia en nombramientos públicos han sido objeto de escrutinio por parte de profesionales y organizaciones relacionadas con la gestión sanitaria en Honduras.