Un análisis de datos judiciales publicado recientemente por la cadena estadounidense CBS News reveló que, en 2025, un 28 % de los migrantes detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos que fueron sometidos a procesos de deportación optaron por abandonar su caso y salir voluntariamente del país, una proporción sin precedentes en las últimas décadas.

Según el estudio, este porcentaje representa el mayor nivel de renuncias voluntarias registrado en los procesos de expulsión frente a un juez de inmigración, superando cifras anteriores como las de 2018, cuando el 21 % de los detenidos tomaron esta alternativa.

Los datos muestran que la tendencia al alza en salidas voluntarias se acentuó a lo largo del año pasado, llegando incluso a un 38 % en diciembre de 2025.

Este patrón coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias y un incremento en la cantidad de personas retenidas en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que a mediados de enero de 2026 albergaban a cerca de 73 000 personas, según los registros.

Expertos en migración señalan que varios factores han influido en esta decisión de muchos extranjeros de no continuar con sus procesos legales, entre ellos las limitaciones para obtener fianza que les permita enfrentar sus casos en libertad y las prolongadas estancias en detención.

En 2025, solo un 30 % de las solicitudes de fianza fue aprobada, comparado con un 59 % en 2024, lo que ha reducido significativamente las opciones para luchar por su permanencia en el país.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que el aumento de salidas voluntarias puede reflejar una sensación de desesperanza entre los migrantes, muchos de los cuales prefieren regresar a sus países de origen antes que continuar enfrentando procedimientos judiciales prolongados o la incertidumbre de un fallo en su contra.

Este fenómeno se enmarca en un contexto más amplio de tensiones en la política migratoria estadounidense, donde el debate sobre el manejo de las fronteras, la detención de indocumentados y la protección de solicitantes de asilo sigue siendo un tema de profundo impacto social y jurídico tanto dentro como fuera del país.