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La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves el cese del despliegue masivo de agentes federales de inmigración en el estado de Minnesota, poniendo fin a la llamada Operación Metro Surge, una campaña de redadas que había generado una fuerte polémica pública y política en Estados Unidos.

El anuncio fue efectuado por Tom Homan, el funcionario designado por la Casa Blanca como su “zar fronterizo”, quien explicó que tras meses de presencia intensiva de agentes de la Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de otros organismos, se tomó la decisión de disminuir progresivamente el contingente en territorio minnesotano.

Según las autoridades federales, la operación había facilitado miles de arrestos de personas indocumentadas y mejorado la cooperación con las fuerzas locales y estatales.

Desde diciembre de 2025, la acción en Minneapolis y sus alrededores había desplegado durante semanas hasta unos 3,000 agentes federales, en lo que fue descrito por el Gobierno como una de las mayores campañas de aplicación de la ley migratoria en la historia reciente del país.

Sin embargo, la operación también se vio marcada por contratiempos y tensiones con la población local.

La decisión de terminar el despliegue se produce después de una escalada de críticas a nivel nacional y local, incluyendo protestas masivas en Minnesota, que tomaron fuerza tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante enfrentamientos relacionados con los operativos, hechos que encendieron el debate público sobre el uso excesivo de la fuerza y las políticas migratorias del Gobierno.

A pesar de poner fin al despliegue masivo, Homan señaló que quedará en el estado un pequeño grupo de agentes para consolidar la transición y completar las investigaciones vinculadas a actos de violencia u otros incidentes ocurridos durante las redadas.

Parte de su argumento para concluir la operación fue que, según la administración, Minnesota ya no constituye un “estado santuario para delincuentes”, como lo habían planteado funcionarios federales.

Las autoridades locales y estatales, por su parte, recibieron la noticia con cautela. Aunque algunos funcionarios ven con alivio el retiro de la mayoría de los agentes federales, otros líderes políticos y comunitarios siguen exigiendo explicaciones claras sobre las muertes y las prácticas de aplicación de la ley durante los meses de despliegue.

Este episodio se desarrolla en un contexto más amplio de intenso debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, la relación entre agencias federales y autoridades locales, y las tensiones entre seguridad nacional y respeto a los derechos civiles y comunitarios.