Empresas y contratistas que prestaron servicios durante el reciente proceso electoral en Honduras han intensificado sus reclamos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de pago de facturas correspondientes a trabajos realizados, denuncian representantes del sector privado y afectados. El atraso en los desembolsos ha provocado protestas y amenazas de acciones legales en contra del órgano electoral encargado de organizar los comicios.

Proveedores de transporte, imprentas y otros servicios vinculados directamente con las elecciones primarias de 2025 y con actividades logísticas posteriores sostienen que cumplieron con los contratos y entregaron los servicios requeridos, pero aún no han recibido la compensación acordada.

Según varios de estos empresarios, los pagos pendientes se deben a que documentación clave se encuentra bajo custodia del Ministerio Público (MP) como parte de una investigación penal sobre supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de servicios electorales, lo que paraliza el proceso administrativo para liberar recursos.

El caso mantiene en incertidumbre a las firmas afectadas, que argumentan que la retención de pagos ha afectado su liquidez financiera y su capacidad de cumplir con obligaciones laborales y fiscales. Varios transportistas implicados en el traslado de material electoral han expresado su frustración en comunicados públicos y comentaristas han señalado que las empresas incluso han tenido que considerar presentar demandas ante tribunales civiles y administrativos para exigir el cumplimiento de los contratos y el desembolso de fondos debidos por el CNE.

El problema no es nuevo: desde mediados del año pasado, los proveedores han manifestado que la falta de pago se relaciona con acciones de investigación fiscal que incluyeron el secuestro de expedientes originales de contratación, lo que impide que el órgano electoral complete los procedimientos rutinarios de pago y cierre administrativo de los contratos. Algunos de estos expedientes están ligados, por ejemplo, a procesos de transporte y a la impresión de papeletas y otros materiales electorales.

Autoridades del CNE se han limitado a señalar que no pueden proceder con los pagos mientras los documentos necesarios permanecen en manos de las autoridades judiciales y que están a la espera de indicaciones para actuar conforme a la ley. Esta situación ha generado tensiones entre contratistas que demandan certeza jurídica y cumplimiento de acuerdos, y las instancias públicas que se encuentran atadas a salvaguardar procedimientos en medio de la investigación penal en curso.

Analistas consultados por medios locales señalan que el atraso en pagos no solo afecta el tejido empresarial y la reputación institucional del CNE, sino que también podría repercutir en la participación de proveedores en futuros procesos electorales, si no se establecen mecanismos claros para garantizar que los compromisos contractuales se honran sin demoras indebidas.

La falta de desembolsos advierte que se corre el riesgo de generar desconfianza y elevar los costos de servicios en futuras licitaciones, lo que a largo plazo podría impactar la organización y ejecución de procesos electorales en el país.

En este contexto, representantes de las empresas afectadas han insistido en que se liberen los pagos a la brevedad o se otorguen garantías de pago, a fin de evitar confrontaciones judiciales prolongadas que retrasen aún más la solución de este conflicto y mantengan en vilo a los proveedores del sector.

La situación pone en evidencia un desafío administrativo y jurídico para el sistema electoral hondureño, el cual debe equilibrar la transparencia en la investigación de posibles irregularidades y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con terceros que han contribuido al desarrollo de procesos electorales.