Protestas y advertencia de multa marcan polémica por aumento de tarifas en el estacionamiento del CCG
17 de enero de 2025
El Centro Cívico Gubernamental (CCG), sede de diversas secretarías del Gobierno de Honduras, se encuentra en el centro de la polémica tras anunciar el aumento en las tarifas de estacionamiento a partir del lunes 20 de enero. Según el comunicado oficial emitido este jueves, el incremento significará que los empleados públicos deberán pagar hasta 340 lempiras adicionales al mes por el uso de las instalaciones.
La medida ha provocado una ola de rechazo por parte de los trabajadores afectados, quienes inmediatamente se tomaron los accesos al edificio en señal de protesta. Los manifestantes exigen que se revierta el aumento, argumentando que constituye un abuso que afecta su ya limitado poder adquisitivo.
Ante la controversia, el director general de Protección al Consumidor, José Enrique Santos, manifestó que la concesionaria encargada de los servicios de estacionamiento podría enfrentar una multa millonaria si no revierte la decisión.
“Si no retroceden con el incremento al estacionamiento, la multa será millonaria. Ya los hemos castigado antes; tienen reincidencia con 3 o 4 multas previas, cada una entre 100 mil y 200 mil lempiras”, afirmó Santos.
El funcionario calificó la medida como un abuso reiterado, recordando que la concesionaria ha sido sancionada en múltiples ocasiones desde su gestión en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Los trabajadores afectados destacan que el aumento en las tarifas es desproporcionado y no corresponde a mejoras evidentes en los servicios ofrecidos. Además, señalan que, en un contexto económico complicado, medidas como esta incrementan la presión financiera sobre las familias hondureñas.
La protesta ha generado interrupciones en las actividades cotidianas del CCG, y los empleados han advertido que no cesarán las manifestaciones hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades y la concesionaria.
No es la primera vez que el Centro Cívico Gubernamental enfrenta críticas relacionadas con el manejo de servicios esenciales para los empleados públicos. Anteriormente, se han señalado problemas de transparencia en los contratos de concesión y un aparente desinterés por atender las necesidades de los usuarios de las instalaciones.
