En las últimas horas del lunes, un grupo reducido de manifestantes vinculados al partido Libertad y Refundación (LIBRE) impidió la entrada de representantes de empresas que tenían previsto presentar sus propuestas en el proceso de licitación relacionado con la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), escrutinio general y divulgación de resultados para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

La protesta, liderada por el consejero del CNE Marlon Ochoa y conformada por poco más de cien personas —entre adultos, jóvenes y niños, integrantes de los colectivos de LIBRE— fue presentada por el funcionario como una acción en "representación del pueblo hondureño" y en defensa contra un supuesto fraude electoral.

Sin embargo, diversos analistas han cuestionado severamente tanto el propósito como la legitimidad de dicha movilización. Oliver Erazo, abogado y analista político, calificó la protesta como un acto de activismo partidario financiado, alejado de cualquier expresión legítima de voluntad popular. “Eso no representa al pueblo hondureño. Es la demostración de un grupo de activistas bien pagados, utilizados para desordenar y obstaculizar el proceso democrático”, señaló.

Erazo sostuvo que las acciones de LIBRE obedecen a una estrategia política para deslegitimar anticipadamente el proceso electoral, dado el temor de una posible derrota en las urnas. “Lo que vemos es la manifestación de un partido que no tiene votos suficientes para ganar. Desde ahora están sembrando dudas para justificar un resultado adverso”, afirmó.

En la misma línea, Ramón Custodio hijo, analista de política internacional y exrepresentante del CNE, fue aún más crítico. Denunció que la acción constituye un ataque directo a la institucionalidad electoral y podría considerarse incluso como un “acto terrorista contra la democracia”. “Aquí hay dolo, aquí hay delito. LIBRE está impidiendo el acceso democrático para que se lleve a cabo el proceso electoral. Eso no puede permitirse”, expresó.

Custodio subrayó que la protesta no representa más que una minoría ruidosa: “Son cuatro gatos, no van a detener al pueblo hondureño. Somos más de seis millones de votantes y no vamos a permitir que saboteen el proceso.”

El trasfondo del conflicto radica en las divisiones internas del Consejo Nacional Electoral. Marlon Ochoa ha presentado una denuncia penal contra sus compañeras Cossette López y Ana Paola Hall por supuestos delitos de prevaricato y usurpación de funciones. Las consejeras, por su parte, defienden la legalidad de sus acciones y acusan a Ochoa de intentar imponer criterios técnicos y políticos sin sustento legal, presionando incluso mediante movilizaciones.

A las tensiones se suman figuras de alto perfil como el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien ha respaldado públicamente la narrativa de Libre, generando preocupación por un intento coordinado de desacreditar y desestabilizar al órgano electoral.

Las protestas, más que una expresión popular, han sido interpretadas como una maniobra de presión partidaria para boicotear un proceso que ya cuenta con cronograma definido y que debe garantizar condiciones equitativas para todos los actores políticos.