La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una denuncia pública este jueves señalando que su antecesor en el cargo, Manuel Díaz Galeas, habría autorizado el uso de 310,000 dólares de recursos estatales para financiar su defensa legal personal en un proceso civil en Estados Unidos, lo que ha generado un fuerte debate sobre el uso de dinero público y la ética en la función pública.

La Procuraduría General de la República es la entidad responsable de representar y defender los intereses legales del Estado de Honduras en procesos judiciales nacionales e internacionales. Su actuación abarca la contratación de firmas legales tanto dentro como fuera del país para atender demandas contra el Estado.

El actual titular de la PGR, Dagoberto Aspra, explicó que el contrato con un bufete jurídico estadounidense fue firmado el 26 de enero, cuando Díaz Galeas todavía estaba al frente de la institución, y que los fondos se pagaron por adelantado desde las arcas estatales.

Según Aspra, esta contratación se realizó para que los abogados presentaran una moción destinada a desestimar una demanda civil o trasladar el caso a tribunales en Washington.

Aspra sostuvo que la demanda no estaba dirigida contra el Estado hondureño, sino contra funcionarios a título personal incluido el propio exprocurador y el actual fiscal general y calificó la operación de un uso indebido de dinero público para costear una defensa privada.

Además, señaló que existe la posibilidad de que los honorarios pactados estuvieran sobrevalorados en comparación con las tarifas habituales para este tipo de servicios legales.

La acusación ha abierto un desencuentro institucional entre el pasado y el presente de la PGR, ya que Díaz Galeas rechazó las imputaciones y defendió la legalidad de la decisión.

El exprocurador aseguró que la contratación estaba respaldada por marcos del derecho público, internacional y estadounidense, y que su actuación buscaba proteger los intereses del Estado hondureño frente a una demanda presentada por un ciudadano extranjero.

La denuncia también plantea un desafío para las estructuras de control estatal, porque la participación del fiscal general quien también figura como parte demandada y supuestamente habría sido defendido con esos fondos limita la intervención del Ministerio Público en la investigación, obligando a explorar otras vías institucionales para aclarar responsabilidades.

Organizaciones de la sociedad civil y sectores críticos de la administración pública han señalado que casos como este evidencian la necesidad de mecanismos más estrictos de supervisión y rendición de cuentas, especialmente en la gestión de recursos destinados a la defensa legal del Estado.

A la par de las declaraciones oficiales, el caso ha atraído la atención del público y expertos jurídicos, quienes han planteado preguntas sobre los procedimientos de contratación y la separación entre las funciones institucionales y los intereses personales de quienes ocupan cargos públicos.

Este episodio se produce en un contexto en el que se intensifican las demandas a funcionarios por presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales, lo cual ha generado un debate sostenido sobre la transparencia y la probidad en la administración pública hondureña.

Sin embargo, cuando esos recursos se destinan a casos en los que los beneficiarios directos son funcionarios específicos y no el Estado como persona jurídica, surgen dudas sobre la legitimidad de esos pagos y la separación entre lo público y lo privado.

En este caso, la controversia rodea la actuación de Díaz Galeas justo en el tramo final de su gestión.

El debate también ha puesto de relieve la importancia de que las instituciones de control como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Fiscalía General y el Congreso Nacional cuenten con los mecanismos técnicos y legales adecuados para auditar y supervisar los compromisos financieros asumidos por la PGR y otros entes estatales.