En una rueda de prensa realizada en Tegucigalpa, dos peritos colombianos contratados por el partido Libertad y Refundación (Libre) se convirtieron en el centro de la controversia tras admitir que su análisis de los supuestos audios de la consejera Cossette López fue financiado directamente por la agrupación política. La situación generó burlas y cuestionamientos por parte de periodistas y analistas presentes, quienes pusieron en duda la imparcialidad del peritaje.

Los expertos, Rodrigo Ricaurte y Jeison Villamil, este último gerente de la firma colombiana Private Investigation Technology (PTC), aseguraron que las voces en las grabaciones son “naturales” y que no presentan manipulación digital ni intervención mediante inteligencia artificial. Sin embargo, la vinculación directa con Libre fue recibida con escepticismo, ya que la contratación pagada por un partido político pone en duda la independencia de su trabajo.

La defensa de la consejera López no tardó en responder. Dagoberto Aspra, abogado de la funcionaria, calificó la presentación de los peritos como un “circo” y aseguró que los especialistas “no cuentan con la formalidad ni la autoridad judicial necesaria”, dado que “nadie los juramentó ni los designó por una autoridad competente”. Asimismo, puso en tela de juicio la cadena de custodia de los audios presentados, sugiriendo que los archivos pudieron haber sido entregados de manera informal y sin supervisión de entes oficiales.

El debate se intensificó cuando Villamil admitió no poder explicar claramente cómo accedieron a los audios y negó haber recibido los materiales por vía judicial o del Ministerio Público. Según él, su firma se limita a investigación privada, lo que refuerza la percepción de que el proceso carece de aval oficial y que su análisis no tiene valor legal en el marco del procedimiento que se sigue contra López.

Por su parte, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, líder prominente de Libre, defendió públicamente a los peritos, calificándolos como “profesionales calificados” y rechazando las críticas de la defensa legal de López. “No son payasos; son expertos”, señaló Zelaya, en un intento por legitimar el trabajo de los colombianos y reforzar la narrativa de su partido frente a la polémica.

Este episodio ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de los audios, su origen y la transparencia de los procesos periciales contratados por actores políticos.

Además, pone en evidencia las tensiones crecientes entre el partido Libre, la consejera López y la opinión pública, justo en un momento crítico previo a las elecciones generales.

El incidente también ha llamado la atención de medios internacionales, que destacan la vulnerabilidad de los procesos de evidencia digital frente a intervenciones partidistas, y cuestionan el impacto que este tipo de polémicas puede tener sobre la confianza ciudadana en las instituciones electorales y judiciales de Honduras.

Mientras tanto, la ciudadanía y los observadores continúan atentos, evaluando si la controversia sobre los peritajes colombianos tendrá repercusiones legales o políticas en los próximos días, o si se convertirá en un capítulo más dentro de la compleja dinámica electoral del país.