Las autoridades judiciales de Honduras emitieron este lunes una orden de captura contra la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y el exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona Erazo, junto a otros exfuncionarios, señalados en un caso de fraude en perjuicio de la administración pública.

La medida responde a un requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que identifica 67 cargos de presunto fraude relacionados con el manejo de fondos públicos.

El caso se inscribe dentro de una serie de operativos judiciales y fiscales que buscan combatir la corrupción en instituciones públicas hondureñas, un problema largamente señalado por organizaciones nacionales e internacionales como un obstáculo para el desarrollo institucional del país. La investigación en torno al Sedesol surgió tras la difusión de un video el año pasado que sugería un mal manejo de fondos y dio pie a una pesquisa más amplia sobre el uso de recursos del denominado Fondo de Administración Solidaria.

Según las investigaciones fiscales, la diputada y Cardona, junto con al menos diez excolaboradores del Sedesol, habrían participado en un esquema irregular en el uso de recursos destinados a programas sociales en el departamento de Copán, con un perjuicio económico estimado en más de 6 millones de lempiras. El órgano acusador sostiene que dichos recursos, que debían financiar proyectos de infraestructura menor, becas y ayudas comunitarias, fueron desviados mediante mecanismos que eluden los controles establecidos.

La orden de detención fue emitida por un juez natural de la Corte Suprema de Justicia y contempla la ejecución inmediata de la captura de los señalados, quienes deberán ser presentados ante la autoridad judicial correspondiente para enfrentar los cargos. La lista de acusados incluye, además de Cuéllar y Cardona, a varios exfuncionarios y técnicos administrativos implicados en la pesquisa.

En conferencia de prensa, el fiscal general Johel Zelaya aseguró que el Ministerio Público continuará con las investigaciones sin distinción, subrayando que la corrupción en el uso de recursos públicos será perseguida conforme a la ley, “sin importar quiénes sean los involucrados”.

Cuéllar, quien recientemente fue reelecta como legisladora por el departamento de Copán, y Cardona han negado las acusaciones. El exministro afirmó que está dispuesto a enfrentar la justicia y calificó la orden de captura como parte de un proceso que “debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia”.

El proceso ha generado amplio debate político en el país, con llamados a garantizar el debido proceso y la transparencia, así como críticas desde diferentes sectores que advierten sobre la importancia de que las investigaciones se conduzcan sin sesgos partidarios. Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales recientes para fortalecer el sistema judicial y la rendición de cuentas en Honduras.