INTERNACIONALES

Un conjunto de más de 200 organizaciones no gubernamentales agrupadas en el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) lanzó una fuerte advertencia este martes, al alertar que la retórica de Estados Unidos sobre la “guerra contra las drogas” y el “narcoterrorismo” está regresando, lo que según señalan podría justificar prácticas que vulneran normas internacionales y derechos humanos.

La denominada guerra contra las drogas es una política históricamente vinculada a Estados Unidos, cuyo propósito ha sido perseguir la producción, tráfico y consumo de sustancias ilegales, aunque con un fuerte enfoque punitivo y militarizado desde sus orígenes a comienzos de la década de 1970 bajo la presidencia de Richard Nixon.

En un informe titulado “Balance de la década de la UNGASS: limitaciones, logros y vías para la reforma”, el IDPC evaluó los resultados de las políticas globales sobre drogas desde la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas (UNGASS) de 2016, cuando se abrió la puerta a enfoques más flexibles y centrados en la salud pública.

Sin embargo, el documento concluye que esa oportunidad de cambio no se ha materializado plenamente y que la situación mundial en torno a las drogas continúa siendo “más compleja, volátil y letal” que antes.

Las ONG expresan preocupación porque, en su opinión, el lenguaje punitivo y militarista asociado históricamente con las décadas de 1970 y 1980 ahora se estaría reutilizando, especialmente en discursos oficiales de Washington que justifican medidas duras en nombre de la lucha contra el narcotráfico y el llamado narcoterrorismo. El informe incluso menciona que este tipo de retórica ha servido para respaldar acciones como ataques contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas al tráfico de drogas, una táctica que algunos críticos consideran contraria al derecho internacional.

Organismos firmantes del estudio lamentan que, aunque ciertos países han adoptado reformas normativas —especialmente en torno a la regulación del cannabis—, las estrategias punitivas siguen dominando el enfoque global, con consecuencias graves tanto para la salud pública como para los derechos humanos. Según el informe, una de cada cinco personas encarceladas en el mundo lo está por delitos relacionados con drogas, y todavía se aplica la pena de muerte en distintos Estados por estos casos.

Además, el texto critica lo que considera un papel limitante de algunos organismos dentro del sistema de la ONU, señalando que la Comisión de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) han dificultado la implementación de cambios ambiciosos en las convenciones internacionales sobre estupefacientes.

A lo largo de las últimas décadas, esta estrategia ha sido objeto de crecientes críticas por parte de expertos en salud pública, derechos humanos y desarrollo, quienes argumentan que no ha logrado reducir de manera sostenible ni el consumo ni la oferta de drogas, y que ha exacerbado problemas de violencia, encarcelamiento masivo y violaciones de derechos. La ONU y diversas organizaciones internacionales han abogado por enfoques centrados en la salud, la reducción de daños y la regulación, aunque sin cambios profundos a nivel global.

Ante este panorama, el llamado del IDPC busca impulsar un debate más amplio y reflexivo sobre cómo abordar el fenómeno de las drogas a nivel global, priorizando soluciones que respeten la vida y los derechos humanos de las comunidades más afectadas.