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Oposición anula estados de excepción

19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025

En una sesión extraordinaria marcada por tensiones políticas, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional aprobaron este martes una resolución que deja sin efecto todos los estados de excepción emitidos por el Poder Ejecutivo y ordena el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República.

 

La iniciativa, presentada durante la sesión por la diputada liberal Maribel Espinoza, recordó que el Pleno del Congreso es la autoridad máxima del Poder Legislativo, conforme a los artículos 205 y 206 de la Carta Magna. En ese contexto, los parlamentarios advirtieron que cualquier funcionario o autoridad que pretenda desconocer las decisiones del Pleno estaría incurriendo en responsabilidad criminal.

 

La resolución también declara improcedente el estado de excepción contenido en el decreto 37-2025, publicado el pasado 2 de noviembre en el Diario Oficial, mediante el cual el Ejecutivo había suspendido derechos constitucionales durante 45 días. Esa medida restringía, entre otros, los derechos establecidos en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución, desde las 6:00 p.m. del 12 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del 26 de diciembre de este año.

 

Con la votación de la oposición, se restablece la vigencia plena de dichas garantías y se declara inválido cualquier estado de excepción que no haya sido sometido al Pleno para su ratificación o improbación dentro del plazo establecido por la ley.

 

Finalmente, los legisladores opositores lanzaron una advertencia directa a los cuerpos de seguridad y funcionarios públicos: Policía Nacional, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Militar podrían enfrentar consecuencias penales si mantienen o ejecutan acciones amparadas en estados de excepción ya improbadas por el Congreso.

 

La medida profundiza el enfrentamiento institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo, mientras el país sigue dividido entre demandas de mayor seguridad y reclamos por la preservación de los derechos ciudadanos.

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