En una sesión extraordinaria celebrada este martes, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional de Honduras declararon “sin valor ni efecto” la conformación de la Comisión Permanente encabezada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, y aprobaron la creación de una Comisión Especial en defensa de la democracia, alegando que la decisión de la directiva contraviene resoluciones previas del pleno.

La iniciativa, impulsada por diputadas del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras y del Partido Nacional, fue dada a conocer por la legisladora liberal Maribel Espinoza, quien afirmó que la resolución 001-2025, emitida por la Junta Directiva y publicada en La Gaceta, “carece de eficacia jurídica” por haber sido aprobada sin la autorización del pleno, máximo órgano del Congreso.

“Queda improbada la decisión de conformar e instalar una Comisión Permanente, pues desconoce las facultades del pleno como instancia superior del Poder Legislativo”, expresó Espinoza durante la sesión, señalando que los actos derivados de dicha comisión podrían acarrear responsabilidades conforme a los artículos 321 y 323 de la Constitución, que establecen la obligación de los funcionarios de responder por su conducta oficial.

El acuerdo aprobado crea una Comisión Especial “en defensa de la democracia y el Estado de Derecho”, integrada por los diputados Iroshka Elvir, Maribel Espinoza, Fátima Mena, Merary Díaz, Suyapa Figueroa, Johana Bermúdez, David Manaiza, Claudia Ramírez y Francis Argeñal.

Dicho grupo tendrá la misión de realizar gestiones diplomáticas y legales tanto en el ámbito nacional como internacional, para denunciar ante organismos multilaterales las supuestas violaciones constitucionales derivadas de la instalación de la Comisión Permanente.

Entre sus atribuciones se incluye comparecer ante la Sala de lo Constitucional para plantear conflictos de competencia entre poderes del Estado, gestionar el respaldo de la sociedad civil hondureña y acudir ante organismos internacionales como la OEA y la ONU, con el fin de “proteger el proceso democrático y electoral” previsto para el 30 de noviembre.

El documento aprobado también dirige un “respetuoso exhorto” al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para recordar que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, solo ese pleno puede designar magistrados para conocer procesos penales contra altos funcionarios.

De igual manera, se envía comunicación al Ministerio Público para “garantizar la protección e inamovilidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, recordando que cualquier suspensión o separación solo puede aprobarse por el Congreso Nacional mediante el debido proceso.

Asimismo, la resolución ordena notificar a la OEA, ONU, misiones de observación electoral y al Poder Ejecutivo y Judicial, sobre el contenido del decreto y su publicación en La Gaceta o en cualquier medio de comunicación nacional.

La medida ocurre en medio de una crisis institucional marcada por divisiones en el Congreso y disputas por la legalidad de la Comisión Permanente, la cual fue instalada por el oficialismo tras el cierre del período ordinario legislativo.

Para la oposición, esa acción constituye una “ruptura del orden constitucional” y un intento de “controlar las decisiones legislativas” sin el consenso del pleno.

Analistas consideran que esta confrontación entre bloques podría escalar en los próximos días, afectando el clima político previo a las elecciones generales y generando incertidumbre sobre la validez de futuras decisiones del Congreso.

La Comisión Especial entrará en funciones inmediatamente y deberá rendir un informe al pleno antes del cierre de la legislatura o cuando se le solicite. Su creación refuerza la estrategia de la oposición de internacionalizar la crisis política y colocar bajo observación externa las actuaciones del Poder Legislativo.