Más de 90 países expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos, la independencia electoral y la seguridad de periodistas y defensores en Honduras, durante la cuarta sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada este viernes en Ginebra.

El examen, que evalúa cada cinco años el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, colocó a Honduras bajo la lupa de la comunidad internacional por tres temas centrales: la prolongación del estado de excepción, la autonomía de las autoridades electorales y la protección a defensores y comunicadores.

El jefe de la delegación hondureña, Longino Becerra, ministro de Derechos Humanos, sostuvo que esta es la primera evaluación “bajo un gobierno legítimo”, en referencia al actual mandato de Xiomara Castro, diferenciándolo de las tres revisiones anteriores (2010, 2015 y 2020). La declaración fue interpretada como un mensaje político en línea con el discurso oficial que ha descrito gobiernos anteriores como parte de una “narcodictadura”.

Durante la sesión, países como Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Corea del Sur, Reino Unido y Austria exhortaron al gobierno hondureño a levantar el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. Recordaron que, conforme al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales y sometidas a supervisión judicial y parlamentaria.

Las delegaciones advirtieron que la prolongación de este régimen podría afectar derechos fundamentales y alterar la igualdad de condiciones en el proceso electoral de 2025. “La seguridad no puede ser excusa para debilitar las libertades civiles ni limitar la participación política”, señalaron varios representantes europeos.

En materia electoral, España, Francia, Canadá, Austria, Brasil, Reino Unido y Australia coincidieron en que la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es esencial para garantizar comicios creíbles y transparentes el próximo 30 de noviembre de 2025. Tanto Alemania como Austria recordaron que la Constitución hondureña establece que las Fuerzas Armadas deben tener un rol subordinado y limitado al control civil, conforme a los artículos 205 y 272.

El tercer punto de preocupación se centró en la seguridad de periodistas, defensores y operadores de justicia. Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá, Francia y Bélgica instaron a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, dotándolo de autonomía funcional, recursos suficientes y mecanismos de evaluación externa. A su vez, Lituania, las Islas Marshall, Reino Unido y Australia exigieron que se prevenga la criminalización de voces críticas y se investiguen de manera imparcial las amenazas o ataques contra comunicadores.

Más allá de los temas de seguridad y democracia, varios países aprovecharon el espacio para recomendar a Honduras la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, entre ellos el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el Protocolo de Comunicaciones de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico.

Asimismo, Chile, Costa Rica y Brasil alentaron la adhesión al Acuerdo de Escazú, que refuerza la protección ambiental con enfoque de derechos humanos, mientras que México, Uruguay e Islandia recomendaron avanzar hacia la despenalización del aborto y fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva.

La evaluación del EPU marca un nuevo reto para el Estado hondureño, que deberá presentar en los próximos meses su plan de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.

La comunidad internacional espera compromisos concretos y medibles, mientras que organizaciones nacionales han pedido que el gobierno no use el examen como un acto simbólico, sino como una oportunidad real para fortalecer la institucionalidad y el respeto a las libertades públicas.