A pocos días de las elecciones, el país se prepara para un cambio de administración en medio de un panorama económico complejo. El nuevo presidente heredará un crecimiento moderado, una inflación cercana al 5 %, fuerte dependencia de las remesas y una deuda pública que ya rebasa los 18.000 millones de dólares. Todo esto en un contexto donde más del 60 % de la población vive en pobreza y con un mercado laboral de baja formalidad.

El Banco Central de Honduras proyecta que el PIB cerrará 2025 con un avance entre 3,5 % y 4 %. Sin embargo, este dinamismo proviene principalmente del sector financiero, uno de los que menos empleo directo genera. Esto deja a un amplio sector de la población sin sentir mejoras reales en su calidad de vida, pese a la estabilidad de la inflación apoyada en subsidios a combustibles y energía.

Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Cohep, considera que mantener un crecimiento limitado no permitirá cambios significativos para las familias. Insiste en que Honduras necesita tasas superiores al 6 % y advierte que el próximo Gobierno tendrá que enfrentar retos estructurales: crisis energética, invasiones de tierras, falta de seguridad jurídica, baja competitividad y una urgente necesidad de reconstruir la confianza entre Estado, empresas y ciudadanía.

Otro punto crítico es el sistema eléctrico. El déficit de generación supera los 200 megavatios y las pérdidas rondan el 36 %. Herrera recalca que el Estado carece de capacidad para invertir por sí solo, por lo que urge sanear la ENEE y normalizar pagos atrasados a generadores privados.

La economía depende fuertemente de los hondureños en el exterior. Las remesas superaron los 10.000 millones de dólares hasta octubre, representando casi el 27 % del PIB, muy por encima de las exportaciones. Para el sector privado, esta situación no es sostenible y debe abordarse con inversión en educación, salud preventiva y formación técnica conectada al aparato productivo, con el fin de generar empleo formal y reducir la migración.

En contraste, la inversión extranjera directa ha sido moderada, afectada por la incertidumbre internacional y las debilidades locales en infraestructura y seguridad jurídica. El mercado laboral sigue marcado por altos niveles de informalidad y subempleo, afectando a más de dos millones de personas, 44 % de ellas mujeres.

El país cierra 2025 con una deuda pública que superará los 18.000 millones de dólares, reduciendo el espacio para inversión pública y presionando el presupuesto hacia el pago de obligaciones financieras. El economista Ismael Zepeda advierte que el sistema tributario sigue siendo regresivo y que Honduras carece de un plan sólido de desendeudamiento, pese a esfuerzos recientes de reperfilamiento y emisión de bonos.

Si el endeudamiento continúa sin cambios en la gestión pública, el nuevo gobierno encontrará un margen fiscal reducido para proyectos que impulsen competitividad y productividad.

Los principales candidatos presentan propuestas distintas:

* Rixi Moncada (Libre) plantea un Estado más activo, con créditos blandos, impulso a la industria verde, inversión en ciencia y tecnología y políticas para reducir desigualdades.

* Salvador Nasralla (Partido Liberal) enfoca su plan en atraer inversión, combatir la corrupción, modernizar trámites, fortalecer la infraestructura y apoyar a las Mipymes para generar empleo formal.

* Nasry Asfura (Partido Nacional) propone orden fiscal, ampliación de infraestructura productiva, apoyo al agro, mejora de conectividad y proyectos con impacto inmediato, respaldado recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump.

El próximo gobierno tendrá poco margen de error. El desafío será transformar un crecimiento moderado en bienestar real, recuperar la confianza del sector productivo y enfrentar una deuda creciente en un país donde la mayoría lucha por salir de la pobreza.