El ministro de Derechos Humanos de Honduras, Longino Becerra, condenó este domingo el asesinato del comunicador social Javier Antonio Hércules Salinas y exigió a las autoridades competentes una investigación urgente que lleve ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

“Pido a las autoridades competentes una investigación inmediata que ponga a los autores materiales e intelectuales ante la justicia”, expresó el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.

Hércules Salinas fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo mientras se encontraba dentro de su vehículo, que también utilizaba como taxi, en Santa Rosa de Copán, al occidente del país.

El comunicador se encontraba bajo el Mecanismo de Protección del Estado desde octubre de 2023, tras haber denunciado un intento de secuestro ocurrido en septiembre del mismo año. La implementación de ese mecanismo no fue suficiente para proteger su vida, lo que ha generado preocupación entre sectores defensores de la libertad de expresión y los derechos humanos.

El crimen ocurre en un contexto donde periodistas y comunicadores sociales en Honduras continúan enfrentando graves riesgos por ejercer su labor, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. La impunidad en estos casos es una constante que ha sido denunciada tanto a nivel nacional como internacional.

Según organismos como C-Libre y Reporteros Sin Fronteras, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. Pese a la existencia del Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, las falencias estructurales, falta de recursos y poca voluntad política han hecho que la efectividad del sistema sea cuestionada.

El asesinato de Javier Antonio Hércules Salinas se suma a una larga lista de comunicadores sociales asesinados en el país, muchos de cuyos casos permanecen en la impunidad. Organizaciones de sociedad civil ya han comenzado a exigir una revisión profunda del Mecanismo de Protección y el esclarecimiento inmediato de este nuevo crimen.