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El Congreso de Estados Unidos intensificó su investigación sobre el caso Jeffrey Epstein al citar a la fiscal general Pam Bondi para que comparezca ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo 14 de abril.

La citación forma parte de una pesquisa enfocada en la actuación del Departamento de Justicia en torno al manejo de los archivos relacionados con el financiero, acusado de tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019. Legisladores buscan esclarecer si hubo irregularidades en la investigación y en la divulgación de documentos vinculados al caso.

El presidente del comité, el republicano James Comer, señaló que existen dudas sobre una posible “mala gestión” en el tratamiento de la información y sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, normativa que obliga a publicar los expedientes de manera íntegra.

La decisión de citar a Bondi también responde a críticas, tanto de demócratas como de algunos republicanos, quienes han cuestionado la existencia de documentos censurados o no divulgados completamente, a pesar de que el Departamento de Justicia ha liberado millones de páginas relacionadas con el caso.

Desde el Gobierno, un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación como innecesaria, argumentando que los legisladores ya tienen acceso a archivos sin censura y que la fiscal general estaba programada para ofrecer explicaciones en reuniones privadas.

El caso Epstein continúa generando repercusiones políticas en Estados Unidos, especialmente tras la aprobación en 2025 de una ley que obliga a la desclasificación de los documentos vinculados al proceso judicial.

Además, la investigación ha alcanzado a diversas figuras públicas y políticas, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para garantizar transparencia en el manejo de la información.

Analistas consideran que la comparecencia de la fiscal general podría convertirse en un punto clave para determinar responsabilidades institucionales y aclarar dudas sobre uno de los casos más sensibles de las últimas décadas en Estados Unidos.

Con esta acción, el Congreso busca avanzar en el esclarecimiento de posibles fallas en la gestión del caso, en medio de un debate que continúa generando tensiones políticas y demandas de mayor rendición de cuentas.