La crisis migratoria en México sigue en aumento, especialmente para los hondureños y otros migrantes centroamericanos que buscan regularizar su situación en el país o regresar a sus naciones de origen. Con la reciente endurecida política migratoria de Estados Unidos, los refugios en la frontera sur de México han visto un incremento en la llegada de personas deportadas o en tránsito, quienes se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.

Herbert Bermúdez, administrador del albergue Jesús El Buen Pastor, informó que su refugio se está preparando para recibir hasta 1,200 migrantes deportados. Sin embargo, los esfuerzos dependen en gran medida de recursos privados y de la Iglesia católica, ya que el apoyo del Gobierno mexicano es insuficiente.

El padre César Augusto Cañaveral, de la Pastoral de Movilidad Humana en Tapachula, advirtió que las deportaciones masivas han generado una crisis humanitaria en la región. “En el albergue tenemos un 40% de personas que están regresando a sus países de origen, entre 70 y 80 en proceso de retorno”, indicó el sacerdote.

La mayoría de los migrantes en esta situación provienen de Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela. Muchos han optado por regresar debido a las dificultades para regularizar su estatus en México y las crecientes restricciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump, quien retomó la presidencia de EE.UU. el 20 de enero.

A la compleja situación en EE.UU. se suma el endurecimiento de las políticas migratorias en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con EE.UU. tras un acuerdo con Trump para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos.

Migrantes como la venezolana Alvani Villasana expresaron su frustración por el cierre de oportunidades: “Pasamos la selva, sufrimos tanto, y ahora nos cierran la posibilidad de regularizarnos. Nos quitaron el TPS y la CBP One, ¿qué más nos queda?”

Además, los albergues están saturados y no ofrecen garantías de seguridad, lo que ha llevado a algunos migrantes a preferir vivir en la calle en lugar de arriesgarse en estos refugios bajo la constante vigilancia de las autoridades. “Yo no voy a Estados Unidos, yo voy a Zacatecas, donde me esperan, pero no hay permisos para seguir”, lamentó Nancy Soler, otra migrante venezolana.

Ante la falta de apoyo gubernamental y las nuevas restricciones migratorias, millas de migrantes centroamericanos, incluidos los hondureños, se encuentran en un limbo legal y humanitario. Muchos no pueden regresar a sus países por falta de recursos ni quedarse en México por la falta de permisos y oportunidades.

La situación deja en evidencia los desafíos que enfrentan los migrantes en la región y la urgencia de medidas humanitarias que ofrezcan alternativas viables para su seguridad y bienestar.