Mejía rechaza “victimización” en debate por juicio político
23 de marzo de 2026
La designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, se pronunció con firmeza en medio del creciente debate político sobre un posible juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, rechazando los señalamientos que califican el proceso como persecución.
A través de declaraciones públicas, la funcionaria cuestionó la narrativa impulsada por sectores políticos que defienden al consejero electoral, señalando que se intenta presentar como víctimas a quienes, según su criterio, han tenido responsabilidad en conflictos institucionales recientes.
En ese sentido, enfatizó que exigir rendición de cuentas no debe interpretarse como una acción de carácter político, sino como parte del funcionamiento democrático.
Mejía sostuvo que el juicio político es un mecanismo contemplado en la Constitución y que su aplicación responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad.
Asimismo, recalcó que el verdadero problema no es el uso de esta herramienta legal, sino la intención de evadir responsabilidades mediante discursos que buscan deslegitimar el proceso.
En sus declaraciones, también hizo referencia a episodios recientes en los que, según indicó, se habrían generado tensiones en el sistema electoral, subrayando que la ciudadanía no olvida situaciones que afectaron el funcionamiento de las instituciones.
Bajo esa línea, insistió en que el país debe avanzar hacia una cultura de responsabilidad pública y transparencia.
El pronunciamiento surge en respuesta a las advertencias del expresidente Manuel Zelaya, quien ha calificado el posible juicio político como una acción con implicaciones graves para el país.
Este intercambio ha elevado el tono del debate político, reflejando la polarización existente en torno al papel de los órganos electorales y sus integrantes.
Mientras tanto, el tema continúa generando posiciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas, en un contexto donde el eventual uso del juicio político podría marcar un precedente en la dinámica institucional de Honduras.
