Un grupo mayoritario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó formalmente a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, que convoque con urgencia a un pleno para analizar los recursos de amparo presentados contra el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, que establece el estado de excepción en el país.

La petición está respaldada por ocho magistrados provenientes de distintas salas: Luis Fernando Padilla y Francisca Villeda Zavala de la Sala Constitucional; Walter Raúl Miranda y Nelson Danilo Mairena de la Sala Penal; Gaudy Alejandra Bustillo y Anny Belinda Ochoa de la Sala Civil; Isbela Bustillo de la Sala Constitucional; y Odalis Nájera de la Sala Laboral. Todos firmaron una nota dirigida a la presidenta Ráquel Obando, donde argumentan que la sesión es necesaria para “conocer y deliberar” sobre los amparos debido al impacto directo que estos tienen en el interés público y la administración de justicia.

Según el documento, los magistrados fundamentan su petición en varios artículos constitucionales —80, 308 y 315— así como en los artículos 12, 13 y 15, literal c, del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. Estos apartados establecen las atribuciones para reunir al pleno cuando existan asuntos de alta relevancia institucional o jurídica.

Los recursos de amparo presentados contra el estado de excepción han generado debate dentro del Poder Judicial, especialmente por su alcance y el impacto en derechos y garantías constitucionales. Los magistrados firmantes consideran indispensable que las distintas posturas sean discutidas por el pleno completo, y no únicamente en salas específicas, para emitir una resolución conjunta que defina el futuro de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La solicitud se da en un contexto donde el manejo judicial del estado de excepción ha estado bajo escrutinio público. Hasta el momento, la Presidencia de la CSJ no ha informado si atenderá la petición ni cuándo podría convocarse la sesión.

Mientras tanto, los magistrados firmantes reiteran que la revisión de los amparos no solo es un deber constitucional, sino una decisión necesaria para garantizar certeza jurídica y un funcionamiento adecuado del sistema judicial ante un decreto de alto impacto nacional.