La sustitución de diputados electos: una violación a la voluntad popular y un fraude a la ley

Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P.

En todo Estado constitucional de derecho, el ejercicio del poder público encuentra su legitimidad en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante elecciones libres, periódicas y auténticas. En Honduras, ese principio no solo es político, sino eminentemente jurídico y constitucional, y se proyecta con especial fuerza en la integración del Congreso Nacional.

En ese contexto, resulta profundamente preocupante —y jurídicamente inadmisible— la pretensión de sustituir a diputados electos que renuncian después de las elecciones por personas que nunca fueron candidatas, que no participaron en el proceso electoral y que, por tanto, no recibieron un solo voto del pueblo.

1. La regla básica: el suplente sustituye al propietario

El sistema electoral hondureño es claro. Cada diputado propietario es electo conjuntamente con su respectivo diputado suplente, ambos inscritos en la planilla electoral y sometidos al escrutinio popular.

Por ello, si el diputado propietario renuncia, fallece o queda inhabilitado, quien debe asumir el cargo es, de pleno derecho, su suplente electo. Esta sustitución no es discrecional ni política: es automática y obligatoria, porque deriva directamente del voto ciudadano.

Este mecanismo preserva la voluntad popular, pues el suplente también fue parte de la oferta electoral aprobada por el electorado.

2. Si renuncian propietario y suplente: rige el orden de votos, no la discrecionalidad

Ahora bien, ¿qué ocurre si renuncian tanto el propietario como el suplente?

Desde una interpretación sistemática, constitucional y democrática del ordenamiento jurídico, la respuesta no puede ser la designación arbitraria de una persona ajena al proceso electoral o de cualquiera que haya participado en la elección. En ese supuesto, debe incorporarse el siguiente diputado propietario que corresponda según el orden de votos obtenidos por cada partido político, como si los candidatos que renunciaron nunca hubieran existido en la lista.

Este criterio responde a un principio elemental del derecho electoral:

los escaños pertenecen al pueblo y se asignan conforme a los votos, no a la voluntad posterior de los partidos ni de las mayorías legislativas.

Cualquier solución distinta rompe la cadena de legitimidad democrática y sustituye el mandato popular por acuerdos de cúpula.

3. Las sustituciones por personas distintas solo son válidas antes de las elecciones

La Ley Electoral sí permite sustituciones de candidatos, pero únicamente antes de celebrarse las elecciones, dentro de los plazos y causales expresamente establecidos (renuncia, inhabilidad, fallecimiento, etc.).

Estas sustituciones previas son legítimas porque: Ocurren antes del acto electoral, permiten que el electorado conozca y vote por los candidatos reales y son controladas y aprobadas por la autoridad electoral competente.

Una vez celebradas las elecciones y proclamados los resultados, el proceso electoral se cierra, y con él la posibilidad de introducir nuevos actores que no fueron sometidos al voto popular.

Pretender lo contrario equivale a reabrir artificialmente el proceso electoral, sin urnas, sin votos y sin pueblo.

4. Incorporar a un no candidato viola la soberanía popular

Designar como diputado a una persona que no fue candidato, no apareció en ninguna papeleta, no fue votada por el pueblo, constituye una violación directa al principio de soberanía popular, consagrado en la Constitución de la República.

El pueblo no delegó poder en esa persona, ni directa ni indirectamente. Por tanto, su incorporación al Congreso carece de legitimidad democrática, aunque se intente revestir de formalismos administrativos o interpretaciones forzadas de la ley.

5. Un fraude a la ley y un fraude a la democracia

Desde el punto de vista jurídico, esta práctica constituye un fraude a la ley, pues se utiliza una figura legal (la sustitución) para alcanzar un resultado prohibido por el espíritu del ordenamiento (imponer a un no electo).

Desde el punto de vista político, es algo aún más grave:

una burla al pueblo hondureño, que votó creyendo que su decisión sería respetada.

El Congreso Nacional no puede convertirse en un espacio donde las curules se reparten por conveniencia política, ignorando los votos y sustituyendo la soberanía popular por pactos internos.

6. El precedente peligroso

Aceptar estas sustituciones abre un precedente extremadamente peligroso porque desnaturaliza el sistema representativo, vacía de contenido el sufragio, convierte las elecciones en un mero trámite y debilita la confianza ciudadana en la democracia.

Si quien no fue candidato puede terminar siendo diputado, entonces el voto deja de importar.

Conclusión

En un Estado democrático, no todo lo que conviene políticamente es jurídicamente válido.

La sustitución de diputados después de las elecciones solo puede hacerse respetando estrictamente la voluntad popular expresada en las urnas.

Cualquier intento de incorporar a personas que no participaron en el proceso electoral es inconstitucional en su esencia, es ilegítimo democráticamente, y constituye un fraude a la ley y a la soberanía del pueblo.

Defender el voto no es una consigna política: Es una obligación jurídica y moral de quienes creemos en la democracia.