A un año de que se descubriera la estafa de Koriun Inversiones, el proceso judicial y la búsqueda de los fondos que desaparecieron siguen sin arrojar resultados definitivos, mientras miles de afectados continúan reclaman respuestas y la devolución de sus recursos.

La firma emergió en febrero de 2025 como un esquema que prometía altos rendimientos a quienes depositaban sus ahorros con la promesa de un rendimiento semanal atractivo.

Sin embargo, pronto se reveló que la estructura funcionaba como un tipo de fraude financiero donde los supuestos beneficios se pagaban con el dinero aportado por nuevos inversionistas, un patrón similar al conocido como esquema Ponzi.

Tras la intervención de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), las autoridades decomisaron más de 358 millones de lempiras en efectivo en sedes de la empresa y en la residencia del gerente, Iván Velásquez, lo que llevó a capturas y al inicio de un proceso penal por delitos que incluyen lavado de activos, posesión de armas y asociación ilícita.

No obstante, pese a esa incautación inicial, gran parte de los fondos sigue sin aparecer. Según informes judiciales y de medios locales, unos 300 millones de lempiras que se encontraron en un primer momento han desaparecido de los registros oficiales y no se ha podido establecer su paradero. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) administra apenas una fracción mínima de ese total, lo que complica cualquier plan de reembolso a los inversionistas.

La lentitud del avance judicial ha sido criticada por diversos sectores afectados, quienes sostienen que las diligencias en la etapa intermedia del proceso penal avanzan más despacio de lo esperado. Mientras tanto, la defensa de Velásquez argumenta que los contratos y registros que supuestamente firmaron los socios de Koriun podrían demostrar la legalidad de las operaciones, aunque esa postura ha generado rechazo entre quienes perdieron sus ahorros.

La estafa no solo dejó pérdidas financieras: también generó deudas personales, frustración y protestas en distintas localidades donde la firma operaba. Algunos afectados llegaron a invertir desde cantidades pequeñas hasta sumas considerables, con la esperanza de incrementar sus ingresos; cuando el esquema colapsó, muchos vieron desaparecer no solo sus ganancias, sino también el capital invertido.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos en finanzas han señalado la necesidad de fortalecer la supervisión y educación financiera en Honduras para prevenir que esquemas similares vuelvan a captar dinero de forma masiva sin la debida regulación.

La ausencia de mecanismos eficaces de protección para los ahorrantes ha quedado en evidencia, así como la importancia de advertir sobre entidades no autorizadas por los organismos reguladores.

A estas alturas, aunque el caso ha mantenido atención pública y mediática, la resolución total del expediente y el destino final de los recursos defraudados siguen siendo una deuda pendiente para la justicia y las autoridades.