INTERNACIONALES

La Unión Europea anunció este lunes que mantendrá a Panamá en su lista de jurisdicciones consideradas no cooperativas en materia fiscal, pese a los esfuerzos diplomáticos y técnicos del gobierno panameño por salir de ese listado que se actualiza periódicamente por criterios de transparencia y cooperación tributaria.

El denominado listado de “jurisdicciones no cooperativas para fines fiscales” fue establecido en 2017 con la finalidad de incentivar a países fuera del bloque a adoptar prácticas más rigurosas en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria y estándares internacionales contra la evasión y el traslado de beneficios empresariales. Panamá forma parte de este grupo desde hace varios años por considerar que no ha cumplido plenamente con esos criterios exigidos por la UE.

La actualización que prepara el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE incluirá, además de Panamá, otras jurisdicciones que el bloque considera que siguen sin cooperar con los estándares establecidos. Entre los nombres confirmados para permanecer en ese listado figuran territorios como Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Rusia, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos.

De acuerdo con fuentes diplomáticas europeas, la permanencia de Panamá en la lista obedecería a que el país no ha implementado en su totalidad las reformas necesarias para enfrentar desafíos como la evasión fiscal internacional y la falta de claridad en algunos regímenes tributarios considerados perjudiciales por la UE. Estas jurisdicciones no cooperativas son exhortadas a adaptar su legislación y garantizar una mayor apertura en el intercambio de información fiscal para poder ser excluidas del listado en futuras actualizaciones.

Estar incluido en esta “lista negra” no conlleva sanciones económicas directas por parte de la UE, pero sí puede traducirse en medidas defensivas administrativas por parte de los estados miembros, como auditorías más frecuentes o restricciones en la participación de entidades radicadas en esos territorios en ciertos mercados europeos.

Desde Panamá, autoridades han reconocido la dificultad del proceso y han señalado que trabajan en reformas legales y técnicas para cumplir con los estándares internacionales, con el objetivo de eliminar esa etiqueta en revisiones futuras. El presidente José Raúl Mulino ha señalado en varias ocasiones que el país busca equilibrar su modelo tributario con las demandas de transparencia global, aunque admite que estos cambios requieren tiempo y coordinación entre sectores públicos y privados.

La importancia de salir de la lista radica en la percepción que genera entre inversionistas internacionales y socios comerciales, ya que algunos consideran que permanecer como jurisdicción no cooperativa puede afectar la reputación del país en materia de integridad fiscal y gobernanza económica.

La próxima actualización de esta lista está programada para febrero de 2026, y será clave para Panamá y otros países incluidos determinar si han avanzado lo suficiente en la reforma de sus marcos legales y de cooperación tributaria para ser removidos del registro de jurisdicciones consideradas no cooperativas.