La comisión interventora del Instituto de la Propiedad (IP) denunció un despilfarro de 12 mil millones de lempiras ocurrido durante anteriores administraciones de la institución, lo cual ha generado un severo impacto financiero y operativo en este ente del Estado hondureño.

Esta denuncia se suma a una serie de cuestionamientos públicos sobre la corrupción y el mal manejo de recursos en distintas instituciones estatales durante administraciones anteriores. El IP ha sido objeto de críticas por la demora en la entrega de placas vehiculares y la baja ejecución presupuestaria. Las declaraciones de Bocanegra buscan evidenciar que gran parte de los problemas actuales provienen de una gestión financiera viciada y estructuralmente opaca, que ahora la junta interventora intenta revertir mediante auditorías, reestructuración interna y denuncias judiciales.

En conferencia de prensa, el miembro de la junta interventora, Francisco Bocanegra, explicó que dichos fondos fueron desviados mediante la creación de una Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), establecida para evadir los controles de la Ley de Contratación del Estado. Según Bocanegra, esta unidad permitió el manejo discrecional de recursos públicos como si se tratara de una "chequera personal-privada" de los exfuncionarios.

“El objetivo fue evitar pagar formularios, evitar procesos de contratación transparentes y disponer de fondos sin controles legales”, denunció. Agregó que con esos recursos se podrían haber financiado múltiples proyectos sociales y comprado hasta diez veces las placas vehiculares que hoy hacen falta, en lugar de verse dilapidados.

Bocanegra lamentó que actualmente el presupuesto del IP, de 1,250 millones de lempiras, apenas haya alcanzado una ejecución del 37 %, ya que gran parte se destina al pago de salarios, lo cual afecta procesos fundamentales como la matriculación de vehículos y entrega de placas.

Asimismo, informó que el caso ya está en manos del Ministerio Público, que actualmente lleva más de 20 líneas de investigación abiertas relacionadas con las irregularidades en contrataciones, compras indebidas y uso político de los fondos públicos del IP.