Miles de hondureños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan un periodo de incertidumbre prolongada, luego de que la jueza a cargo del caso aplazara su fallo final hasta el 22 de enero de 2026.

Esta decisión mantiene en suspenso el futuro legal y laboral de más de 55,000 beneficiarios, quienes dependen del TPS para residir y trabajar de manera regular en territorio estadounidense.

La demora judicial impide que los beneficiarios obtengan claridad sobre una posible extensión provisional de sus permisos de trabajo y otros documentos esenciales, generando preocupación sobre la posibilidad de detenciones o deportaciones si el fallo final fuera negativo.

Según Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, los hondureños deben mantenerse alertas y cumplir con todas las regulaciones legales, incluyendo mantener sus documentos actualizados y asistir a citas oficiales, para minimizar riesgos.

Durante la audiencia, la jueza no otorgó medidas interinas que aseguraran la continuidad del TPS mientras se procesa el fallo final, lo que incrementa la ansiedad entre la comunidad migrante. Flores recomendó también evitar situaciones de riesgo, como conducir sin licencia o incumplir cualquier requisito legal, y destacó la importancia de que las familias se apoyen mutuamente durante este periodo de incertidumbre.

Organizaciones de migrantes y expertos legales han advertido sobre los posibles efectos negativos de un fallo desfavorable, incluyendo procesos de deportación y pérdida de permisos laborales, lo que afectaría directamente la estabilidad económica y social de miles de familias hondureñas en EEUU. La comunidad ha solicitado transparencia en el proceso y garantías de protección mientras se espera la decisión definitiva.

El aplazamiento del fallo se produjo después de una audiencia prolongada, en la que ambas partes presentaron argumentos y pruebas sobre la continuidad del TPS. Para los beneficiarios, la resolución judicial no solo determina su estatus migratorio, sino que también influye en su capacidad de trabajar legalmente, acceder a servicios y mantener a sus familias en Estados Unidos.

Mientras tanto, líderes comunitarios y organizaciones internacionales instan al gobierno hondureño a impulsar acciones diplomáticas que respalden a los beneficiarios del TPS y velen por la protección de sus derechos, mientras la comunidad espera la resolución judicial que definirá su futuro en el país norteamericano.