El Congreso Nacional comenzó el análisis de una propuesta orientada a transformar el sistema de adquisiciones del Estado, con el objetivo de actualizar los mecanismos de contratación y fortalecer los controles en el manejo de fondos públicos en Honduras.

El borrador fue entregado a la directiva del Poder Legislativo como un insumo técnico que busca sentar las bases de una normativa más moderna.

La iniciativa apunta a sustituir procesos tradicionales por esquemas digitales integrales, reduciendo la discrecionalidad y ampliando la trazabilidad de cada etapa de compra gubernamental.

Entre los principales cambios planteados figura la implementación obligatoria de plataformas electrónicas para licitaciones, concursos y adjudicaciones, lo que permitiría que cada procedimiento quede registrado en línea y disponible para consulta pública.

Además, se contempla la creación de catálogos electrónicos dinámicos y la certificación formal tanto de proveedores como de funcionarios responsables de compras.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, recibió el documento de parte del procurador general, Dagoberto Aspra, quien explicó que la propuesta recoge recomendaciones técnicas elaboradas con acompañamiento de distintas instituciones vinculadas a la transparencia y la administración financiera.

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto también contempla la reestructuración de la actual Oficina Normativa de Compras y Contrataciones, que pasaría a convertirse en un ente con mayores atribuciones regulatorias y capacidad de supervisión, buscando uniformar criterios en todas las dependencias estatales.

La iniciativa habría contado con aportes del Consejo Nacional Anticorrupción y de la Secretaría de Finanzas, entidades que han insistido en la necesidad de modernizar el marco legal para reducir riesgos de irregularidades y mejorar la eficiencia del gasto público.

En el ámbito legislativo, diputados han señalado que la normativa vigente ya no responde a las exigencias actuales en materia de tecnología, control y rendición de cuentas, por lo que consideran prioritario abrir un proceso de discusión amplia que incluya consultas con sectores empresariales, organizaciones civiles y expertos en contratación pública.

De aprobarse, la reforma podría representar un cambio estructural en la forma en que el Estado adquiere bienes y servicios, impactando desde pequeñas compras institucionales hasta grandes proyectos de infraestructura. El debate apenas inicia, pero el tema se perfila como uno de los ejes clave en la agenda parlamentaria de las próximas semanas.