La comunidad hondureña amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrenta una semana crucial. Este 18 de noviembre, una Corte de Inmigración en San Francisco emitirá una resolución que, aunque no puede revertir la cancelación oficial del programa, sí podría definir el tiempo adicional que miles de familias tendrán para buscar otra vía migratoria o, en última instancia, preparar su salida de Estados Unidos.

La audiencia estaba programada inicialmente para las 2:00 de la tarde, pero fue adelantada inesperadamente a las 9:00 de la mañana debido a la presencia de testigos considerados esenciales por la jueza. El ajuste en el calendario elevó la tensión entre los tepesianos, quienes interpretan el movimiento como una señal de que la decisión podría conocerse antes de lo previsto.

Más de 50,000 hondureños perdieron formalmente su protección el pasado 8 de septiembre, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) diera por terminado el TPS y esa determinación fuese confirmada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Con dicho fallo, quedó sin efecto la orden judicial que había mantenido vigente el programa durante varios años.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, explicó que la jueza no tiene autoridad para restaurar el TPS; sin embargo, sí puede conceder un plazo adicional que permita a los beneficiarios solicitar un estatus alternativo, completar procesos pendientes o planificar un retorno ordenado. “El equipo legal cuenta con argumentos sólidos y la situación humanitaria debe ser considerada”, expresó.

Entre los factores más sensibles del caso se encuentra la incapacidad del Estado hondureño para recibir de manera inmediata a los aproximadamente 55,000 connacionales que quedarían sin permiso de trabajo. El país continúa enfrentando altos niveles de desempleo, inseguridad y limitadas oportunidades de reinserción económica.

Los testimonios presentados ante la Corte buscan exponer esta realidad: familias sostenidas por remesas, menores nacidos en Estados Unidos que no conocen Honduras y adultos que han establecido más de dos décadas de vida laboral y comunitaria en territorio estadounidense. Para muchos, el fallo de este lunes no solo marca una resolución legal, sino la definición del futuro de toda una generación de migrantes hondureños.