A solo siete días de que los hondureños acudan a las urnas, el país vive una de las coyunturas electorales más tensas de los últimos años. Las campañas de los principales aspirantes Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura están llegando a su fin entre choques institucionales, acusaciones de fraude y un creciente malestar ciudadano por la violencia política y la falta de propuestas claras.

Más de seis millones de votantes están habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato culmina el 27 de enero. La contienda enfrenta modelos de país opuestos: desde el proyecto de continuidad que encarna Moncada, hasta las visiones conservadoras de Nasralla y Asfura, ambos representantes de partidos históricos con larga trayectoria en el sistema hondureño.

El calendario electoral ha sido trastocado por roces dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aun así logró iniciar el traslado del material electoral hacia los 18 departamentos con resguardo de las Fuerzas Armadas.

La campaña, iniciada el 1 de septiembre, avanzó entre discursos hostiles y acusaciones cruzadas, dejando poco espacio para propuestas concretas. Los candidatos han centrado gran parte de sus intervenciones en señalar supuestos intentos de fraude o responsabilizar a sus adversarios por la crisis económica y social que vive el país.

Desde marzo, cuando arrancó el proceso con las elecciones internas, las denuncias por violencia política se han multiplicado. De acuerdo con el Iudpas de la UNAH, entre septiembre de 2024 y esta semana se han registrado cerca de 1.000 incidentes, de los cuales 275 están relacionados directamente con actos de naturaleza política. La mayoría no han terminado en homicidio, pero sí incluyen agresiones, amenazas, presiones y acoso, tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

Las acusaciones de fraude se han convertido en el eje del debate público. El exconsejero electoral Denis Gómez destaca que por primera vez en Honduras el señalamiento de fraude se produce antes de la jornada electoral, tanto desde el partido gobernante como desde los partidos opositores.

Según Gómez, históricamente estas denuncias aparecían después del conteo de votos y casi siempre desde la fuerza que se encontraba en el poder. Sin embargo, en este proceso 2025, el señalamiento anticipado ha roto ese patrón y ha elevado aún más la incertidumbre en la recta final.

Organizaciones de derechos humanos, analistas políticos y sectores de la oposición han advertido sobre el creciente clima de tensión, sumado a cuestionamientos por el rol de las Fuerzas Armadas, acusadas de intervenir en áreas que corresponden exclusivamente al CNE.

A nivel externo, Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y gobiernos de la región han pedido a Honduras garantizar la independencia del órgano electoral y asegurar un proceso transparente, libre de interferencias y respetuoso de la voluntad popular.

El próximo domingo, los hondureños deberán escoger no solo al nuevo presidente, sino también a tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputaciones al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

La última semana se perfila intensa y cargada de incertidumbre, en un ambiente donde el discurso político, lejos de apaciguarse, parece aumentar la tensión de cara a uno de los comicios más vigilados y disputados de los últimos tiempos.