El proceso electoral tras los comicios generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras entró en una nueva fase de incertidumbre este viernes, luego de que el Congreso Nacional aprobara una iniciativa para solicitar un escrutinio adicional de miles de actas, a pesar de que el organismo electoral ya había publicado resultados oficiales el pasado diciembre.

La propuesta, impulsada por Luis Redondo, presidente de la junta directiva del Parlamento y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), plantea la revisión de más de 19 000 actas electorales con inconsistencias detectadas durante el conteo.

Redondo sostiene que no todas las actas fueron debidamente verificadas, por lo que considera necesaria una revisión exhaustiva.

Sin embargo, la medida fue aprobada en una sesión extraordinaria en la que no estuvieron presentes más de 70 legisladores de los partidos Nacional y Liberal, que denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo.

La oposición calificó la sesión y la votación como ilegales y afirmó que la iniciativa carece de validez constitucional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) había declarado el 24 de diciembre como presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, del conservador Partido Nacional, y posteriormente publicó los resultados definitivos de alcaldías y diputaciones.

Según expertos legales, una vez emitida esta declaratoria, el Congreso pierde facultades para asumir funciones de escrutinio que corresponden exclusivamente a los entes electorales.

La tensión se ha intensificado en un ambiente político polarizado, donde sectores del oficialismo y aliados de Libre, incluyendo al expresidente Manuel Zelaya, han rechazado los resultados y denunciado presuntos fraudes y posibles injerencias externas en la elección presidencial.

A menos de tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, la situación plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y el cumplimiento de los plazos legales.

A partir de ahora, los analistas señalan que el rumbo final de este pulso político podría pasar por el Tribunal de Justicia Electoral o incluso por instancias judiciales superiores, si la iniciativa sigue adelante.

La presidenta saliente, Xiomara Castro, ha indicado que respetará la declaración oficial del CNE y garantizará la transición, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su preocupación por las acciones legislativas que podrían obstaculizar la transición pacífica.