El excomisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, advirtió que la Constitución de la República debe respetarse y aplicarse en todo momento, especialmente ante las tensiones políticas y electorales que atraviesa el país. Señaló que ningún interés partidario puede colocarse por encima de la ley fundamental, la cual constituye “la base del Estado democrático y pluralista de Derecho”.

“El texto constitucional tiene supremacía político-jurídica; toda decisión o medida que la contraríe es nula y genera responsabilidades”, afirmó Herrera Cáceres, quien cuestionó las acciones recientes entre los poderes electorales y judiciales, calificándolas de contrarias al orden constitucional.

El exombudsman consideró que los conflictos entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reflejan una confusión sobre las competencias de cada órgano. Recordó que, según la Constitución, el TJE es la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral mientras que el CNE tiene funciones meramente administrativas, técnicas y logísticas.

En ese sentido, criticó la forma en que se manejó la petición de antejuicio contra dos magistrados del TJE, señalando que el procedimiento fue “unilateral e intempestivo”, y que debió ser discutido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, no solo por su presidencia. Añadió que, para estos casos, la vía correcta es el juicio político, no el control jurisdiccional.

Herrera Cáceres también cuestionó el manejo interno del Congreso Nacional, señalando que las decisiones de su Junta Directiva deben ceñirse al mandato del pleno y no asumir funciones que no le corresponden. “La Junta Directiva es un órgano subordinado del Congreso, con atribuciones administrativas y financieras, no políticas. Debe obedecer las decisiones de la mayoría parlamentaria”, precisó.

Asimismo, advirtió sobre el uso prolongado del estado de excepción, calificándolo de “injustificado e incompatible con la Constitución”, ya que según dijo podría extenderse arbitrariamente hasta las elecciones generales de 2025 e incluso la toma de posesión del nuevo gobierno en 2026.

“El respeto a la Constitución es una obligación política y jurídica ineludible. Solo así garantizaremos la seguridad electoral, la estabilidad institucional y la efectividad del Estado democrático en Honduras”, concluyó Herrera Cáceres.