La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado público y formal al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, para que se abstenga de emitir opiniones o valoraciones sobre el proceso electoral en marcha rumbo a las elecciones generales de noviembre de 2025.

La funcionaria recordó que la Constitución de la República y la Ley Electoral establecen claramente el carácter apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas, institución que únicamente debe actuar como apoyo logístico y de seguridad durante los comicios, sin involucrarse en asuntos administrativos o de evaluación del proceso.

En una comunicación dirigida a sus colegas consejeros del CNE, Hall señaló que las recientes declaraciones y solicitudes del alto mando militar trascienden el papel que la ley asigna a la institución armada, generando preocupación sobre la necesaria independencia del órgano electoral frente a cualquier influencia externa.

“Las Fuerzas Armadas cumplen una función de apoyo en la custodia, transporte y resguardo del material electoral; no les corresponde pronunciarse sobre temas administrativos ni operativos del Consejo Nacional Electoral”, subrayó Hall en su pronunciamiento.

El llamado de atención surge después de que el general Hernández solicitara acceso a las actas de nivel presidencial de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), una medida que —según Hall— no corresponde a las atribuciones militares y podría interpretarse como una injerencia en las funciones exclusivas del CNE.

Fuentes internas del organismo electoral confirmaron que la presidenta también pidió mantener la unidad institucional y la prudencia comunicativa de cara a un proceso electoral que, según ella, “debe desarrollarse bajo un estricto respeto a la transparencia, la autonomía y la legalidad”.

El incidente ocurre en un contexto donde el clima político hondureño comienza a tensionarse de cara a los comicios, en medio de cuestionamientos sobre la preparación logística, el presupuesto pendiente y la coordinación con las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad del material electoral.

Hall insistió en que cualquier pronunciamiento sobre el proceso debe provenir exclusivamente del pleno del CNE y que cualquier intento de politizar la labor militar pone en riesgo la confianza ciudadana en la organización de las elecciones.

“El respeto institucional entre poderes y organismos del Estado es fundamental para la estabilidad democrática. Ningún actor externo puede asumir funciones que no le han sido otorgadas por la ley”, concluyó Hall.

Hasta el cierre de esta nota, las Fuerzas Armadas no han emitido una respuesta oficial a la solicitud de la presidenta del CNE. Sin embargo, fuentes cercanas al alto mando aseguran que la institución mantendrá su compromiso con la neutralidad y el resguardo del proceso electoral, tal como lo dicta la Constitución.