El Johel Zelaya, Fiscal General de la República, anunció este martes que el Ministerio Público ha abierto una investigación formal a raíz de una denuncia interpuesta por Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), que involucra a una consejera de dicho órgano.

Según la denuncia, la persona señalada habría sostenido conversaciones con un diputado con el supuesto fin de alterar los resultados electorales del proceso que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. La fiscalía, por su parte, confirmó que inició los trámites correspondientes para recopilar pruebas, citaciones y testimonios, con el objetivo de determinar si se han cometido irregularidades penales en el ámbito electoral.

En su declaración ante los medios, Zelaya destacó que “se trata de una investigación prioritaria para la integridad del proceso democrático”, aunque no ofreció más detalles sobre plazos, nombres exactos o alcances del caso por motivos de reserva legal del expediente.

El contexto en que surge esta acción se enmarca en un ambiente de tensión creciente en torno al sistema electoral de Honduras, donde múltiples actores han señalado desafíos en torno a transparencia, conectividad, logística y supervisión del organismo electoral y los procesos de verificación.

La denuncia trae consigo implicaciones importantes: de confirmarse la manipulación de resultados o el intento de ello, podría derivar en sanciones penales para los implicados, así como impacto en la credibilidad de los comicios. Al mismo tiempo, refuerza la necesidad de que las instituciones involucradas actúen con rigor y celeridad para garantizar un proceso libre, justo y confiable.

Hasta el momento, el CNE no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni ha confirmado si la consejera señalada se encuentra sometida a investigación interna o si ya ha sido notificada formalmente. Tampoco se precisa si el diputado mencionado ha sido identificado públicamente o ha respondido a la acusación de Ochoa.

El anuncio de la fiscal está llamado a ser un punto de inflexión en el proceso electoral, pues refleja la acción del aparato de justicia ante posibles interferencias en los actos comiciales. Queda pendiente que se conozca el avance del expediente, las medidas cautelares que se adopten y cómo esto podría repercutir en el cronograma electoral y la confianza ciudadana.