La diputada liberal Maribel Espinoza instó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pronunciarse sobre los recursos presentados contra el estado de excepción, una medida que ha sido prorrogada cerca de 25 veces consecutivas desde su implementación en diciembre de 2022.

Espinoza señaló que el máximo tribunal debe tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que ambos entes han advertido sobre el riesgo de que medidas extraordinarias se conviertan en prácticas permanentes que restrinjan garantías fundamentales.

La congresista también mencionó que, en una sesión reciente, las bancadas de oposición improbaron la última ratificación del estado de excepción. “Si la Policía continúa aplicando una medida que no ha sido aprobada por el Legislativo, estaría infringiendo la ley”, afirmó.

Espinoza adelantó que en su momento presentará un requerimiento fiscal contra los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, quienes dijo deberán enfrentar un proceso de juicio político en la próxima legislatura.

El estado de excepción fue establecido por el gobierno de Xiomara Castro el 6 de diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la extorsión y las estructuras criminales.

Aunque inicialmente estaba previsto para 30 días, su renovación sistemática mediante decretos ejecutivos lo extendió por casi tres años, reduciendo temporalmente derechos como la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio.

La última extensión, aprobada el 12 de noviembre, mantiene vigentes las restricciones en 226 municipios hasta el 26 de diciembre. Esto significa que las elecciones generales de este domingo transcurrirán bajo este régimen, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y sociales.

Legisladores de oposición argumentan que la medida perdió su carácter excepcional y que no existen resultados contundentes que justifiquen su continuidad.

En este contexto, organizaciones civiles y especialistas insisten en que la CSJ debe resolver cuanto antes los recursos pendientes para garantizar certeza jurídica y respeto a los derechos constitucionales.