Un tribunal hondureño dictó fallo absolutorio en favor del exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, y su esposa, Thelma Carmina Umaña Powell, al concluir que no existieron pruebas suficientes para acreditar el delito de lavado de activos que se les imputaba en perjuicio de la economía del Estado.

La resolución fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, tras un juicio oral y público que se extendió por más de una década, marcado por acusaciones de movimientos financieros millonarios presuntamente injustificados entre los años 2007 y 2016.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que Ramírez del Cid habría realizado transacciones por montos significativos sin respaldo legal, y que su esposa no pudo justificar parte de los fondos en su poder.

Sin embargo, la justicia determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para confirmar la comisión de los delitos imputados, por lo que ambos fueron declarados no culpables y se revocaron las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que enfrentaban.

Al conocer la sentencia, Ramírez del Cid afirmó que “se hizo justicia” y criticó al ente acusador por supuestamente no investigar de manera adecuada antes de presentar las acusaciones”, resaltando que la decisión judicial demuestra que la verdad salió a la luz.

El caso había generado atención pública en Honduras debido a la larga duración del proceso y la condición de alto perfil del imputado, quien dirigió la Policía Nacional entre octubre de 2011 y mayo de 2012.

Organizaciones civiles y sectores de la sociedad han seguido de cerca el desarrollo del juicio, que representó un desafío para las instituciones de justicia en su esfuerzo por combatir delitos financieros y fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos.

Aunque la absolución cierra formalmente este capítulo legal para Ramírez del Cid y su esposa, quedan pendientes cuestiones adicionales, como la restitución de bienes asegurados durante la investigación por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, un tema que la defensa ha planteado tras el fallo.