Este jueves, la Corte del Distrito Sur de Nueva York dará a conocer la sentencia contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos. La noticia ha generado inquietud en Honduras por el impacto que podría tener en la percepción de la narcopolítica nacional.

Martínez Turcios, quien ejerció como diputado por el departamento de Colón entre 2010 y 2018 bajo la bandera del Partido Liberal, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023.

En diciembre de 2024, aceptó su responsabilidad en la conspiración para importar cocaína, mientras rechazó cargos que lo vinculaban directamente con la estructura del cartel de Los Cachiros y con asesinatos en Honduras.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó una sentencia de 30 años de prisión, mientras que la defensa pidió 12 años. Según los informes judiciales, Martínez Turcios habría utilizado su experiencia militar y su cargo político para garantizar la impunidad del cartel, facilitando el traslado de cargamentos de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Guatemala y Estados Unidos**, y actuando como mediador en operaciones ilícita.

Entre 2004 y 2014, el exdiputado habría recibido al menos un millón de dólares de Los Cachiros, y se le señala como socio testaferro de la empresa Ganaderos, sancionada por la OFAC, a través de la cual se habría blanqueado dinero del narcotráfico, usando a políticos, jueces y abogados para dar apariencia legal a los negocios.

La Fiscalía también lo vincula con varios asesinatos, entre ellos los de los diputados Juan Ramón Martínez y Juan Salgado, así como del periodista Nahúm Palacios y su pareja, y miembros de bandas rivales al cartel. Según la investigación, Martínez Turcios habría solicitado apoyo de líderes del cartel para ejecutar algunos de estos crímenes y participó en secuestros y torturas relacionadas con conflictos entre grupos criminales.

Este caso vuelve a colocar a la narcopolítica hondureña bajo escrutinio internacional, recordando la estrecha relación entre políticos y estructuras criminales denunciada en múltiples investigaciones judiciales. La sentencia que se emita este jueves será un indicador clave sobre cómo la justicia estadounidense continúa abordando los nexos entre políticos y narcotráfico en Centroamérica.