El gobierno hondureño enfrenta una deuda cercana a los 14 millones de dólares con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) por el pago de subsidios no cubiertos en los ajustes de las tarifas de peaje, lo cual ha desencadenado la decisión de aplicar aumentos en las casetas de la carretera CA-5 Norte a partir del 15 de enero de 2026.

Autoridades de Covi Honduras confirmaron que las cifras adeudadas correspondientes a 2024 y 2025 superan los 364 millones de lempiras, producto de la acumulación de ajustes tarifarios que el Estado aceptó asumir pero que no ha pagado en su totalidad.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, reconoció la existencia de la deuda, aunque estimó que el monto real podría situarse entre 11 y 12 millones de dólares según sus propias cifras oficiales, y adelantó que la administración actual no podrá saldarla por completo antes de concluir su mandato.

Este pasivo se generó a raíz de una política adoptada desde 2021, cuando las partes acordaron congelar los aumentos de peaje estipulados en el contrato de concesión como medida para aliviar a los usuarios durante la pandemia y periodos posteriores.

Sin embargo, esa prórroga contractual terminó y ahora Covi está obligada a aplicar los ajustes anuales conforme a la fórmula acordada que contempla el índice de inflación y el tipo de cambio en dólares lo que se traducirá en un escalonamiento de las tarifas que los conductores deberán pagar próximamente.

Los nuevos precios, que entrarán en vigor a mediados de enero, implican aumentos que en algunos casos llegan a 98 lempiras por caseta de peaje, dependiendo de la categoría del vehículo, lo cual ya ha generado inquietud entre transportistas y usuarios habituales de la vía.

La situación también ha alimentado el debate sobre la sostenibilidad de los acuerdos públicos-privados y el impacto de los peajes en el costo de la vida y la logística interna del país, particularmente en momentos de presión económica para hogares y sectores productivos. Algunos sectores han señalado que estos cobros elevados pueden terminar repercutiendo en el precio de bienes y servicios a lo largo de la cadena de distribución.

Pineda adelantó que se están realizando negociaciones con la concesionaria para intentar mitigar el impacto, incluso con la posibilidad de extender algunos mecanismos temporales hasta febrero, y que será la próxima administración la que tome decisiones sobre la política definitiva del peaje.

Este escenario marca un desafío para las finanzas públicas y las expectativas de los conductores hondureños, quienes deberán ajustarse a un nuevo esquema tarifario tras años de estabilidad en los precios pese a la acumulación de ajustes pendientes.