El análisis jurídico del decreto ejecutivo PCM 37-2025, relacionado con el estado de excepción, dio un giro este miércoles luego de que la Sala de lo Constitucional no alcanzara unanimidad en su votación. Debido a esta falta de consenso, el recurso de amparo fue remitido al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Silva explicó que la Sala emitió una resolución preliminar sobre el amparo presentado contra el decreto, pero aunque el recurso fue admitido, uno de los magistrados votó en contra de otorgarlo con suspensión del acto reclamado, lo que imposibilitó una decisión unánime. De acuerdo con la normativa, cuando la Sala no coincide en su totalidad, el caso debe ser trasladado al pleno para un análisis definitivo.

El portavoz detalló que uno de los magistrados apoyó la admisión del recurso con suspensión, pero dejó constancia de un voto disidente señalando que la medida solo aplicaría al recurrente y no a toda la población. Por ello, la Sala solicitó al Poder Ejecutivo enviar, en un plazo de tres días, los antecedentes o un informe sobre el decreto impugnado.

Otro magistrado, en contraste, emitió un voto particular indicando que el amparo debía admitirse, pero sin suspender el decreto. Argumentó que el peticionario no presentó fundamentos jurídicos sólidos, ya que se limitó a afirmar que el estado de excepción afecta sus derechos de manera general, sin precisar de qué forma o en qué circunstancias se produciría el daño.

Silva subrayó que estos requisitos —descripción del perjuicio, su inminencia y la relación directa con el acto reclamado— son indispensables para conceder una suspensión, lo que hace aún más evidente la división de criterios dentro de la Sala.

Tras confirmarse la falta de unanimidad, el expediente fue remitido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que deberá convocar al pleno de magistrados para decidir en definitiva sobre el recurso. Conforme a la ley, los cinco magistrados que ya participaron en la votación dentro de la Sala de lo Constitucional no podrán intervenir nuevamente.

Silva recordó, además, que la actual administración judicial cuenta con magistrados integrantes permanentes, quienes serán llamados a completar las 15 posiciones requeridas para conformar el pleno. Será este órgano el encargado de determinar si el decreto de estado de excepción continúa vigente en los términos actuales o si debe modificarse conforme a lo planteado en el amparo.